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La cirugía a corazón abierto a la corrupción ofrecida por Moreno necesita resultados

domingo, agosto 6, 2017
Así como se crean fondos para la lucha contra las drogas, los gobiernos necesitan destinar recursos para combatir la corrupción. La lucha contra la corrupción debe ser institucionalizada...

En el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional hay un cuadro interesante donde ese organismo explica cómo ha evolucionado ese indicador en los diferentes países de América Latina del 2008 al 2016.
En el ranking de 2016, cortado por regiones, Uruguay aparece como el país menos corrupto; en la otra orilla, con el índice de corrupción más alto, está Venezuela seguido por Haití, Nicaragua, Guatemala…

En 2008, Ecuador estaba en el puesto 151 y actualmente se ubica en la casilla 120. Un año antes, en 2007, el gobierno ecuatoriano había introducido algunas medidas tendientes a frenar la corrupción. Pero esas no tienen un efecto inmediato nunca. Por eso ahora es casi seguro que en los próximos años ese índice se va disparar otra vez a los peores lugares. ¿Por qué?

Porque el Gobierno va a tener el deber imperativo y moral de llegar hasta las últimas consecuencias en esa cirugía a corazón abierto que ofreció el presidente Lenín Moreno días atrás para extirpar la corrupción. La ciudadanía tiene el derecho a conocer todos los detalles de lo que sucedió con el caso de los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht y otras denuncias sobre actos de corrupción que ahora ocupan las primeras planas de los periódicos.

Eso de seguro hará saltar los indicadores de Transparencia Internacional y es posible que Ecuador vuelva a colocarse en posiciones no tan privilegiadas de ese Índice, pero por hechos ocurridos en la anterior administración que solo recién salen a la luz pública.

Cuando el país pueda llegar a ver los resultados de esa cirugía a corazón abierto se podrá conocer a qué monto asciende el perjuicio de la corrupción a la economía del país, el monto medido contra el Producto Interno Bruto (PIB).

Con el resultado de esa cirugía a corazón abierto también será posible determinar el efecto de la corrupción en la economía del país. Esta medición, en términos económicos, solo es posible cuando existen de por medio casos comprobados, porque es necesario respetar el principio de que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario.

En el análisis del impacto económico de este fenómeno no se puede caer en la subjetividad de lo que repite todo el mundo, que en cualquier contrato con el Estado siempre hay una comisión intrínseca del 10%. Un análisis de ese tipo es simplista porque bastaría sacar el monto de las compras del Estado en un año calendario y calcular el 10% para tener el indicador del perjuicio al Estado.

Pero el Estado se perjudica no solo por los recursos que no llegaron a las arcas fiscales o porque debió pagar un sobreprecio al cerrar un contrato con un proveedor. Además está el lucro cesante, lo que deja de percibir. Si el perjuicio fue de $100 millones, ¿cuántas escuelas se dejaron de construir?, ¿cuántos hospitales?, ¿cuántas carreteras?

Todo eso se llama lucro cesante, es el costo de oportunidad porque por un lado el Estado dejó de recibir recursos y por el otro no pudo invertir en las necesidades de la población. Aunque las autoridades logren poner una glosa al funcionario que haya cometido la irregularidad, el perjuicio ya está.

Y el perjudicado es el Estado que somos todos los contribuyentes. De ahí que la corrupción tiene un efecto directo en la economía y en la parte social.

Porque el perjuicio más grande del fenómeno de la corrupción no es necesariamente el económico, sino su efecto social: el que las personas puedan llegar a creer que el soborno o la coima es una práctica adecuada o corriente.

El país donde no hay facilidades para que las cosas se den siempre es caldo de cultivo para la corrupción. En América Latina a eso hay que agregarle el factor cultural.

La corrupción se produce cuando en un país no existen facilidades para acceder a productos, bienes o servicios. En comercio exterior, por ejemplo, cuando hay muchas trabas para exportar o importar el nivel de vulnerabilidad hacia la corrupción aumenta porque muchas veces se puede recurrir a los sobornos para agilizar la tramitología. Los abuelos tienen una figura coloquial para explicar ese fenómeno: aceitar las cosas.

El país donde no hay facilidades para que las cosas se den siempre es caldo de cultivo para la corrupción. En América Latina a eso hay que agregarle el factor cultural. En algunos países hasta se halla implantada la idea de que es normal entregar una comisión para que los procesos caminen. Es decir, la corrupción se ha convertido en un mal enquistado en la sociedad y la única manera de controlar su expansión es con procesos de contratación pública transparentes.

Cuando hablamos de la corrupción no solo en Ecuador, sino a nivel general, siempre estará de por medio el tema de los proveedores, cuando no hay suficiente oferta sobre un producto, bien o servicio requerido por una empresa o institución pública.

El país donde no hay facilidades para que las cosas se den siempre es caldo de cultivo para la corrupción. En América Latina a eso hay que agregarle el factor cultural.

En el ámbito privado se conoce que para cualquier proceso de licitación o compras públicas siempre deben estar sobre la mesa al menos tres ofertas o proveedores, para evitar la presión en la toma de decisiones. Finalmente lo que se evalúa es el precio versus calidad del producto o servicio.

Si un concurso falla generalmente se llama a otro concurso, pero ¿qué pasa si no hay más oferentes? En economía todo se mide por el costo de oportunidad.

Los sectores más vulnerables a mantener focos corrupción siempre son los que más volumen de dinero mueven. El principal es el petrolero. Esto ocurre básicamente porque la demanda es muy especializada y muy pocas empresas ofrecen lo que una refinería necesita, por ejemplo. Un caso que se ha visto últimamente en Ecuador.

¿Cuál es la mejor estrategia para combatir la corrupción? El tema en Ecuador, en el Gobierno anterior, se trató de enfrentar con la apertura del portal de compras públicas. Un sistema automatizado que permite a las empresas colocar en la red ofertas de productos, bienes o servicios que demandan las instituciones o entidades del Estado. Fue pensado como una solución tecnológica, pero lo más transparente que puede haber es un proceso que implique la apertura de sobres frente a un notario y en una audiencia pública.

Un proceso en el que deben estar involucradas las personas más probas, funcionarios que hayan llegado a esos cargos con una declaración juramentada y real de sus bienes. ¿Cómo entraron?, ¿cómo salen?, ¿cuál es el entorno de sus familiares y amigos? Es muy común en los casos de corrupción el testaferrismo, porque en papeles todo está en orden, pero hay los prestanombres que pasados los años hacen las transferencias.

De ahí que el fenómeno de la corrupción sea imposible medir en un año contra el año anterior. Para visibilizar su impacto se necesita estudiar un período mínimo de 10 años. Es un tiempo prudencial para conocer si ha existido algún movimiento fraudulento en el entorno de alguien que ocupó un cargo público.

La lucha contra la corrupción es una tarea en la que se deben involucrar todos los ciudadanos desde los padres de familia, los educadores, la comunidad en general porque se trata de combatir al mayor enemigo del desarrollo de los países.

Por eso los programas anticorrupción en el mundo tienen su razón de ser y son tan importantes. Por eso la importancia de tener organismos totalmente transparentes, probos, encargados de investigar todas las denuncias de posibles irregularidades con investigaciones objetivas. Las pruebas son pruebas y los hechos son hechos.

Así como se crean fondos para la lucha contra las drogas, los gobiernos necesitan destinar recursos para combatir la corrupción. La lucha contra la corrupción debe ser institucionalizada, porque mientras las personas que hacen la función pública y los proveedores sigan bajos esas prácticas los grandes condenados van a ser los ciudadanos.

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