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El gobierno de Lenín Moreno parece estar signado por el contrasentido

Guido Macas
Universidad Ecotec
lunes, septiembre 11, 2017
Para la dirigencia de Alianza País, las propuestas del Consejo Sectorial responden a un intento de “los grupos oligárquicos de derecha por imponer sus agendas”, por eso ha advertido que no apoyará nada que, en su perspectiva, conlleve una regresión de derechos.

Tener un bloque mayoritario en la Asamblea Nacional, con el dominio absoluto de ese organismo, pero no poder controlarlo es una paradoja inquietante para el gobierno del presidente Lenín Moreno.

El bloque de 74 asambleístas del oficialismo se integra por delegados de Alianza País (AP) y un grupo de 15 a 17 representantes de movimientos aliados. La ventaja numérica les permitió captar sin problema las dignidades del organismo, el Consejo Administrativo de la Legislatura; igual pasó en las distintas comisiones legislativas, excepto la de Participación Ciudadana que fue entregada a la oposición a modo de “premio consuelo”.

La mayoría puede aprobar, derogar, reformar o rechazar leyes, entre muchas otras posibilidades. Incluso puede ampliarse con el respaldo de otras bancadas. Ya ocurrió cuando fue aprobada la vinculación del vicepresidente Jorge Glas en una instrucción fiscal de connotaciones penales, en el bullado caso Odebrecht.

En una Asamblea conformada por un total de 137 miembros, contar con 74 legisladores es un excelente escenario de maniobra política, a pesar de que no se asemeja a la antigua mayoría calificada (dos tercios) que aprobaba sumisamente los proyectos de ley enviados por el expresidente Rafael Correa.

En teoría, esta mayoría debería estar presta a favorecer las iniciativas del actual Ejecutivo, pero en realidad parece ir en camino de convertirse en piedra de toque cuando lleguen a la Asamblea varias reformas legales nacidas de los consensos alcanzados en el Consejo Consultivo y Tributario, formado por el gobierno y los sectores productivos.

Planteamientos como reducir o eliminar el anticipo del Impuesto a la Renta o la rebaja del Impuesto a la Salida de Divisas, por ejemplo, han sido repudiados por varios asambleístas con cierto liderazgo en el bloque oficialista. Esto parece ser el preludio de lo que sucederá en caso de ser enviados como proyectos de leyes.

Para la dirigencia de Alianza País, las propuestas del Consejo Sectorial responden a un intento de “los grupos oligárquicos de derecha por imponer sus agendas”, por eso ha advertido que no apoyará nada que, en su perspectiva, conlleve una regresión de derechos.

Empero, más allá de un tema de ideología o de principios, podría ser que a los aliancistas les preocupa una cuestión de índole práctica. De esos impuestos brotan los recursos que financian la mayor parte del Presupuesto del Estado; una merma de esos ingresos afectaría las obras (algunas innecesarias), bonos e incentivos que han ayudado a construir su fuerza electoral.

Para los aliados, el fraccionamiento de AP entre “correístas” y “morenistas”, abre una posibilidad inmejorable de sacar provecho, en términos políticos claro está. Ellos desempeñarán un rol determinante en la formación de mayorías con las bancadas de oposición para inclinar la balanza a favor de las iniciativas del Ejecutivo, especialmente en materia económica.  

Con este ambiente enrarecido como telón de fondo, los estrategas presidenciales deberán analizar muy bien los tiempos políticos para evitar cualquier revés. Por lo pronto, el gobierno se halla ante la disyuntiva de enviar todas las reformas en un solo paquete, incluida una enmienda al Código Orgánico Financiero para que el mecanismo del dinero electrónico empiece a operar con la banca privada en los primeros meses de 2018. O remitirlas por separado a la Asamblea Nacional.

Si cada proyecto fuera enviado individualmente, la modificación del Código Financiero presentaría menos resistencia. Si bien Alianza País ha condenado la oposición anterior de la banca al manejo del sistema en forma exclusiva por el Banco Central, no se ha mostrado inflexible contra la enmienda.

En todo caso, la atmósfera hostil parece cortar el aire dentro del bloque gobiernista y el presidente no tiene otra opción que plantar cara a la crisis. ¿Cómo sortear las fricciones que pueden derivar en un enfrentamiento Ejecutivo-Legislativo?

Parece que Moreno intuyó lo que se venía. Su corazonada le hizo adelantarse a la jugada, por lo que -de entrada- buscó apoyo en los sectores de oposición. Así testimonian los encuentros con los excandidatos Cinthya Viteri (PSC-Madera de Guerrero), Paco Moncayo (Izquierda Democrática), Dalo Bucaram (Fuerza Ecuador) y distintos líderes entre los que sobresale Jaime Nebot.

Por estos días, contrario las proclamas de unidad de sus voceros, son evidentes las grietas de la bancada oficialista. La semana pasada, cinco asambleístas se abstuvieron en la votación para designar a los representantes del poder legislativo para integrar la Comisión de Selección que renovará el Consejo Nacional Electoral (CNE). El asunto se corrigió con un telefonazo del presidente de la Asamblea, José Serrano. Sin embargo, Marcela Aguiñaga, de la línea dura correísta, no varió su postura.

Para los aliados, el fraccionamiento de AP entre “correístas” y “morenistas”, abre una posibilidad inmejorable de sacar provecho, en términos políticos claro está. Ellos desempeñarán un rol determinante en la formación de mayorías con las bancadas de oposición para inclinar la balanza a favor de las iniciativas del Ejecutivo, especialmente en materia económica.

Como en una negociación política nada es gratuito, el apoyo de los asambleístas aliados estaría sujeto a un intercambio de favores con el gobierno. Para decirlo sin eufemismos, estos compromisos pasan por la cesión de algunos espacios de poder en el gobierno. Así ocurre desde siempre.

Mientras el clima político continúa brumoso, a poco más de 100 días en el cargo, el presidente ha lanzado la idea de convocar a una consulta popular “sobre los cambios que se deben introducir para garantizar una democracia plena, sin caudillismos y con entidades transparentes que garanticen el control de lo público”.

Hay aspectos de la estructura del Estado que no se subsanan con una consulta. La única manera de reformar la Constitución vigente es por la vía de la Asamblea Constituyente. En caso de materializarse este recurso democrático, el país tendría su tercera Carta Política en la última treintena: 1998, 2008, ¿2018?

Por declaraciones de sus líderes, la oposición también se muestra proclive a respaldar esta posibilidad. Desde el partido oficialista, sin embargo, ya han surgido los reparos. Definitivamente, hasta ahora, el gobierno de Lenín Moreno parece estar signado por el contrasentido.

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