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La recuperación económica es lenta, tan lenta que equivale a cero

Jaime Cabezas Maldonado
Universidad Internacional del Ecuador
domingo, enero 7, 2018
El estudio revela que en los últimos tres años (2015, 2016, 2017) la renta per cápita de los ecuatorianos cayó un 5%; los niveles de pobreza se mantuvieron en alrededor del 23%; y, la pobreza extrema, en el 8,4%.

El exagerado optimismo de las autoridades económicas en relación al estado del crecimiento de la renta nacional, si se lo analiza con algo de profundidad solo muestra el lento compás de la recuperación económica del país.

Si bien el informe del Banco Central del Ecuador (BCE) estima un crecimiento promedio del 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) durante 2017 y para el año que inicia tiene una previsión del 2%, valoraciones de otros organismos como el Fondo Monetario Internacional y la propia CEPAL –muy amiga del régimen- no son tan auspiciosas.

Las proyecciones del gobierno se basan en el crecimiento del 3,8% registrado el tercer trimestre del año que acaba de terminar. No obstante, un diagnóstico de la economía, a nivel per cápita, deja ver que las cosas no caminan tan bien como asegura el régimen.

El estudio revela que en los últimos tres años (2015, 2016, 2017) la renta per cápita de los ecuatorianos cayó un 5%, los niveles de pobreza se mantuvieron en alrededor del 23%; y, la pobreza extrema, en el 8,4%.

Asimismo, durante los tres años mencionados, el coeficiente GINI (mide la desigualdad en la concentración de los ingresos dentro de un país) se ha mantenido en 0,46. En tanto, en materia de desempleo, aunque hay cierta mejora en los porcentajes, las cifras absolutas señalan que al menos 183.000 ecuatorianos perdieron su empleo, mientras alrededor de 900.000 personas lo consiguieron en condiciones de precarización. A todo esto, en el mismo periodo la deuda per cápita pasó de alrededor de $2.000 a $4.000.

Con estas cifras, que muestran que no ha habido progreso alguno en el último trienio, ¿en qué se basa el optimismo del gobierno?: En la Ley de Reactivación Económica, que no es otra cosa que una nueva reforma tributaria; en una eventual recuperación de los precios del crudo, que probablemente pasarán de $40 a $55 el barril; en un aumento del consumo; en una mejora de los precios internacionales de los commodities y en la posible reactivación del sector de la construcción -pública y privada- donde se prevé una inversión de $1.400 millones y minera de 800 millones. Obviamente es muy poco lo que el gobierno presenta como evidencia de que la economía va a crecer.

En teoría, la Ley de Reactivación Económica debería impulsar la recuperación. No obstante, su normativa afecta al sistema financiero e incluso lo debilita al disponer que, para garantizar la liquidez del sistema monetario, la banca privada puede ser obligada a traer sus reservas del exterior. Además, empeora la situación del crédito al centralizar el servicio de información crediticia en la Superintendencia de Bancos, lo cual hace más costosas y riesgosas las operaciones de crédito, por lo mismo estas podrían contraerse debido a la percepción de mayor riesgo.

La ley también promueve una excesiva regulación e intervencionismo del Estado en la economía, como una extensión de lo que se hizo durante la última década. E igual que antes, el tamaño del Estado permanece obeso, con un gasto público que bordea el 34% del PIB; es decir, cada ecuatoriano aporta con 34 centavos por cada dólar para mantener el Estado actual con todas sus obligaciones.

Ahora estamos en los albores del cuarto año consecutivo de malas prácticas económicas. Cuando el BCE utiliza las reservas internacionales hasta llevarlas al límite (en octubre pasado cubrían solo el 69% de las reservas bancarias y al 29 de diciembre el 46% o menos, según el enfoque con el que se lo analice) es señal inequívoca de que se aproxima un nuevo urgente endeudamiento para mantener el nivel del gasto público.

La situación empeora con el déficit fiscal. La previsión del gobierno, que lo ubica en $4.800 millones, no es certera si consideramos que las necesidades de nuevos créditos estarán por el orden de los $8.000 millones. De esta forma, el mayor socio que tiene la economía ecuatoriana, el gobierno, con su pobre valor agregado, además de ser costoso es el causante de los desequilibrios.

No es agradable decirlo, pero cuando las autoridades señalan exultantes que este año la economía crecerá un 2%, lo que realmente expresan es que el crecimiento será muy lento, tan poco que a nivel per cápita significa cero.

Desde luego, ¿qué otra cosa se puede esperar mientras continúe aplicándose el modelo económico impuesto por el exgobierno de Rafael Correa? Es una locura creer que si hacemos lo mismo una y otra vez podremos lograr diferentes y mejores resultados, como lo diría Einstein.

Muy probablemente el optimismo de las autoridades económicas está ligado a la coyuntura política. Hasta aquí al presidente Lenín Moreno le ha ido bien en esa materia y quizá logre un mayor capital político de triunfar en la consulta popular convocada para el 4 de febrero próximo. Pero la buena racha no se evidencia en el sector real de la economía.

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