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¿Dónde peligra la democracia? En Venezuela. Allí es donde debe actuar la CIDH

Carlos Estarellas Velazquez
Universidad Católica de Santiago de Guayaquil
viernes, febrero 9, 2018
Los organismos de la jerarquía de la CIDH deben conducirse de forma técnica, sin anteponer la ideología en sus resoluciones. Solamente deben primar el sistema jurídico y la aplicación del Derecho.

La desestimación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) al pedido de medidas provisionales efectuado por la Comisión (CIDH) sobre la denuncia presentada por tres integrantes del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) para no ser cesados en los cargos por la aprobación de la pregunta tres de la consulta popular, deja varias reflexiones.

La primera es que para introducir una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la violación de un derecho, primero se debe recurrir a todas las instancias legales de un país y solo una vez agotados estos recursos se puede acceder a mecanismos internacionales. En el presente caso, no se siguió el trámite previo.

Otra lección es que los organismos de la jerarquía de la CIDH deben conducirse de forma técnica, sin anteponer la ideología en sus resoluciones. A ese nivel solamente deben primar el sistema jurídico y la aplicación del Derecho, caso contrario corren el riesgo de simplemente convertirse en una burocracia internacional. En el pedido de medidas preventivas no prevalecieron estos criterios, por ello el rechazo de la Corte.

Casa adentro, la CIDH debería meditar profundamente sobre esta actuación, a fin de evitar que se repita. Una denuncia debe ser bien estudiada antes de emitir una valoración. El pedido de medidas preventivas afectó la imagen del Ecuador porque atentó contra un principio fundamental del Derecho Internacional: la autodeterminación de los pueblos que implica que ningún organismo puede interferir con el pronunciamiento popular dentro de un país. Además, el Sistema Interamericano fue creado para ejercer la defensa de quienes han sido afectados en sus derechos humanos por parte de un Estado, luego de que las instancias internas hayan negado justicia.

A todo esto, no podemos pasar por alto que en casos como el referido, la diplomacia de un país no solo debe actuar en forma reactiva, sino, antes que nada, poner en marcha un esquema de trabajo en el plano preventivo. El frente externo ha dejado la sensación de que hubo un exceso de confianza de que el tema no llegaría a mayores. Felizmente, la unidad de todos los poderes del Estado contribuyó a revertir el malhadado pedido de la CIDH.

La designación de un Consejo de Participación Ciudadana de Transición (CPCCS), de ninguna manera vulnera derechos de tres consejeros de ese organismo, como erróneamente sostenía la CIDH.

No los vulnera, porque el pueblo, a fin de cuentas el mandante, decidió relevarlos en un procedimiento de consulta, un recurso es empleado desde la antigüedad. Hace más de 2.000 años ya lo aplicaban los romanos, quienes lo denominaban “plebiscito” lo cual significa “órdenes del pueblo”.

El argumento de que no hubo control constitucional previo a la consulta popular y que el CPCCS pudo ser removido vía juicio político es totalmente desatinado. Aquí se siguieron todos los pasos jurídicos y solo después que la Corte Constitucional no se pronunció en el plazo legal, el presidente Lenín Moreno convocó al proceso electoral.

Si en un sistema democrático la soberanía radica en el pueblo, resultaba impresentable el argumento de la Comisión de que se conculcaron los derechos de tres personas. Eso no ha ocurrido porque los siete integrantes del Consejo de Participación no han sido destituidos por el presidente de la República ni por ningún otro ente de la función Ejecutiva. Por eso causó sorpresa que la CIDH elevara ante la Corte IDH el pedido de medidas provisionales.

¿Dónde estuvo la CIDH cuando fueron destituidos 57 diputados del Congreso Nacional, se defenestró al ex Tribunal Constitucional, se tumbó una Corte Suprema de Justicia que había sido nombrada por concurso de méritos con el aval las Organización de las Naciones unidas y de la OEA? Todo ocurrió en la época que gobernaba el país Rafael Correa.

En ese contexto cabe preguntar si nunca llegaron a oídos de los integrantes de la CIDH los ataques que lanzaban en su contra exfuncionarios y personajes prominentes de ese régimen que expresaban que sus resoluciones no tenían valor alguno e incluso denostaban contra la OEA.

Fue extraño saber que, para la Comisión, la democracia en el Ecuador peligra. Gracias a la globalización y al avance de las comunicaciones es muy fácil saber en qué países el sistema está en riesgo. ¿Dónde peligra la democracia? En Venezuela. Allí es donde debe actuar la CIDH; no en nuestro país donde la democracia es robusta.

La CIDH debería entender que es natural y normal discrepar en un sistema democrático, pero de ahí a sostener que la consulta popular no es válida era una conclusión totalmente traída de los cabellos.

Asimismo, aquello de que no hubo control constitucional previo a la consulta popular y que el CPCCS pudo ser removido vía juicio político es totalmente desatinado. Aquí se siguieron todos los pasos jurídicos y solo después que la Corte Constitucional no se pronunció en el plazo legal, el presidente Lenín Moreno convocó al proceso electoral.

Por mi parte, no soy político ni estoy a favor o en contra del actual gobierno. Mis criterios son imparciales porque analizo el caso como especialista, en la condición de técnico en materia internacional. Como ecuatoriano, me siento dolido por el hecho de que una Comisión Interamericana de Derechos Humanos, equivocada, haya pretendido echar al traste un pronunciamiento popular.

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