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El rechazo a las elecciones de Maduro son generalizadas, mientras el éxodo sigue imparable

Redacción
La Conversación EC
lunes, febrero 12, 2018
El documento presentado se basa en información recabada a través de la prensa, organizaciones de la sociedad civil en Venezuela y organismos internacionales de derechos humanos. Según las estimaciones, afirmó otro de los expertos de la CIDH, cerca del 82% de los venezolanos viven en pobreza; el 51% en pobreza extrema.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanas (CIDH) deslegitimó las elecciones recientemente convocadas por el régimen chavista en Venezuela que sufre una catastrófica crisis política, económica y humanitaria desde hace meses. En su tercer informe sobre la situación del país, los expertos señalaron el uso de la violencia, la censura de medios de comunicación o la falta de independencia judicial como ejemplos de la ruptura total del orden constitucional, algo alertado ya por otros organismos internacionales.

“Consideramos que la democracia requieres de elecciones libres, confiables y transparentes. Cualquier futuro proceso electoral solo tendrá credibilidad y legitimidad si cumple de manera estricta con estas garantías”, afirmó Francisco Eguiguren, presidente del organismo. En las últimas semanas, EEUU y otros países de la comunidad internacional también han rechazado la convocatoria de estas elecciones, fijadas por el chavismo para el 22 de abril. Para ellas, Maduro ha vetado la participación de la coalición opositora MUD así como la candidatura de varios líderes de la oposición.

“El Consejo Nacional Electoral no presenta las garantías mínimas de independencia e imparcialidad. La Fiscalía general ha declinado su mandato constitucional de servir a la ciudadanía y la democracia. Por tanto, los habitantes de Venezuela enfrentan serios obstáculos para ejercer sus derechos políticos y participar en la vida pública. La utilización del poder punitivo para judicializar la protesta pacífica y perseguir penalmente a disidentes políticos es otro ejemplo de esta desviación de poder”, apunta el documento presentado.

El informe, precedido por uno en 2003 y otro en 2009, refleja la preocupación ante la continuada escalada autoritaria emprendida por Nicolás Maduro desde principios de 2017. Pero no tiene ningún efecto ejecutivo ya que la función de la Comisión es proporcionar información, denunciar violaciones y recomendar.

“Venezuela no puede seguir eludiendo sus responsabilidades con los derechos humanos. Es importante que la CIDH siga pronunciándose respecto a Venezuela porque eso genera un impacto entre la sociedad civil venezolana. Incluso con que salvemos una vida habrá merecido la pena”, defendió Eguiguren.

Pese a los encuentros entre países latinoamericanos en la Organización de Estados Americanos, las sanciones de Estados Unidos a miembros del chavismo, o la presión internacional de la Unión Europea y el Grupo de Lima, los resultados son escasos. Ante el fracaso de unas negociaciones establecidas para favorecer al chavismo y las fracturas entre los líderes de la oposición, la posibilidad de una solución equilibrada y democrática es cada vez más lejana.

“Tenemos muchas expectativas de que este informe sirva para presionar a Venezuela para que nos permita entrar en el país para hacer nuestras evaluaciones”, afirmó Paulo Abrao, presidente ejecutivo de la CIDH. El documento presentado se basa en información recabada a través de la prensa, organizaciones de la sociedad civil en Venezuela y organismos internacionales de derechos humanos. Según las estimaciones, afirmó otro de los expertos de la CIDH, cerca del 82% de los venezolanos viven en pobreza; el 51% en pobreza extrema.

La semana pasada, la Corte Penal Internacional anunció que investigará las violaciones del Gobierno venezolano para determinar si se han cometido crímenes de lesa humanidad, que podrían imputar al dirigente bolivariano. Al ser preguntado sobre este tema, Abrao rechazó ofrecer una postura clara.

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