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La explosión del coche bomba en San Lorenzo confirma que Ecuador sigue siendo vulnerable

Hernán Antonio Moreano Uriguen
Universidad Internacional del Ecuador
jueves, febrero 15, 2018
La sola posibilidad de que la ausencia de medidas preventivas pudiera deberse a una errada apreciación de la alerta sería inconcebible.

La explosión de un carro bomba junto al destacamento policial de San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, ocurrida en las primeras horas del pasado 27 de enero, dejó flotando una paradoja: mientras la población estuvo alertada de antemano del posible ataque –lo que evitó una mortandad-, las instancias del Estado no conocían o no valoraron la advertencia.

Los estados implantan sistemas de inteligencia con la finalidad de definir alertas tempranas e identificar amenazas a la seguridad ya sea dentro del territorio o a nivel fronterizo.

Esta estructura, que involucra a la inteligencia militar, policial y estratégica, es la encargada de recopilar toda la información sobre las anomalías que encuentra y hacerla llegar a las autoridades que tienen que ver con el manejo de la seguridad del Estado: presidente y vicepresidente de la República, ministros de Defensa e Interior, Cancillería, a través de la Secretaría Nacional de Inteligencia.

La presencia de grupos irregulares, las actividades de la delincuencia organizada transnacional, el narcotráfico, el contrabando, la minería ilegal… todo se detalla en informes reservados. Esto lleva a preguntar si existió un dossier con las novedades y, de ser el caso, si fueron leídos y estudiados por las autoridades correspondientes. La sola posibilidad de que la ausencia de medidas preventivas pudiera deberse a una apreciación errada de la alerta sería inconcebible.

Como quiera que haya sido, lo sucedido en San Lorenzo deja en claro que el Ecuador sigue siendo vulnerable, condición que lo expone a este tipo de atentados, incursiones, violaciones a la frontera. En otras palabras, territorio propicio para toda clase de actividades delictivas.

La frontera norte siempre ha sido una zona conflictiva por la presencia de grupos vinculados al narcotráfico, tráfico de armas, precursores químicos, combustibles, minería ilegal, lavado de activos; también es un lugar de abastecimiento para grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Hoy, tras la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, muchas facciones disidentes mantienen las acciones ilegales en la zona. Lamentablemente para el Ecuador, lo que ha ocurrido es una mutación de la amenaza, con un agravante: la presencia de los siniestros carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco que controlan las rutas ilegales de las costas del Pacífico y que no solo estarían operando en Nariño (sur de Colombia) sino también en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Carchi, Sucumbíos, Pichincha y otras del interior del país.

Ya existen políticas conjuntas con Colombia, adoptadas gracias al funcionamiento de la Combifrón (Comisión Binacional Fronteriza); también existe la Ameripol conformada por las instituciones policiales de las Américas, para detectar y monitorear las estructuras de la delincuencia organizada transnacional.

A todo esto, la ubicación estratégica y la dolarización hacen a nuestro país bastante atractivo para el lavado de activos. No en vano el fiscal general de Colombia, Néstor Martínez, reveló que en territorio ecuatoriano se han detectado más de un centenar de bienes pertenecientes a las FARC, como inmuebles, automotores y reses, avaluados en más de $15 millones. Una muestra del florecimiento de los negocios ilegales.

Frente a los actos catalogados de terrorismo, como el atentado al cuartel de San Lorenzo, es necesario fortalecer la presencia del Estado, con el despliegue de las Fuerzas Armadas a lo largo de todo el cordón fronterizo. A la par, es imperioso vigorizar las labores de inteligencia estratégica cuyas alertas tempranas sirven de insumo para fundamentar las decisiones más adecuadas.

Pero una lucha en solitario está destinada al fracaso. De ahí que es imprescindible la cooperación internacional, por ello ha hecho bien el gobierno de Lenín Moreno al solicitar el apoyo del Departamento Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) para profundizar las indagaciones de los hechos recientes.

La delincuencia organizada transnacional está dividida en varios brazos: narcotráfico, tráfico de armas, migración ilegal, cyberdelincuencia, explotación ilegal de recursos naturales. En consecuencia, una mayor cooperación con los países vecinos y otros como Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea permitirá luchar mejor contra estas amenazas.

El Ecuador forma parte de una red de seguridad regional, integrada por los países vecinos, Colombia y Perú, además de Brasil, Chile y Argentina entre otros. En ese marco existe un fluido intercambio de información de inteligencia por parte de Fuerzas Armadas y Policía sobre todo con las naciones fronterizas.

Ya existen políticas conjuntas con Colombia, adoptadas gracias al funcionamiento de la Combifrón (Comisión binacional Fronteriza); también existe la Ameripol conformada por las instituciones policiales de las Américas, para detectar y monitorear las estructuras de la delincuencia organizada transnacional. Ahora, la lucha es transnacional. El Ecuador debe seguir cooperando, porque definitivamente hace tiempo dejó de ser una “isla de paz”.

 

 

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