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Diez años del ataque en Angostura: la frontera norte sin respuestas

Hugo Cahueñas Muñoz
Universidad San Francisco de Quito
miércoles, marzo 7, 2018
En relación a la frontera norte, la Comisión del “Caso Angostura” advertía que es una frontera porosa, donde existían más de 42 pasos ilegales. Se enumeran ciertas amenazas y vulnerabilidades, que aún están presentes. Los últimos acontecimientos ocurridos en San Lorenzo obligan a los organismos públicos a investigar los vínculos del narcotráfico.

El 1 de marzo de 2008, las Fuerzas Armadas Colombianas ejecutaron un operativo denominado “Fénix” contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con capacidad de albergar a 80 personas. Este campamento se encontraba en territorio ecuatoriano (Angostura). En el operativo se emplearon diez bombas GBU 12 Paveway TI, las cuales dejaron cráteres de 2,40 metros de diámetro por 1,80 metros de profundidad. Murieron 17 personas, entre ellas Raúl Reyes, segundo al mando de las FARC.

En marzo de 2009, el gobierno ecuatoriano creó la Comisión de Transparencia y Verdad “Caso Angostura”, la cual tenía la responsabilidad de investigar y esclarecer los hechos acontecidos en 2008. En diciembre de 2009, la comisión presentó su informe, cuyas observaciones siguen aún vigentes, muchos de los riesgos ahí planteados no fueron debidamente gestionados como lo demuestran las últimas escenas de violencia armada en la frontera norte de Ecuador.

En relación a la frontera norte (640 km) la Comisión advertía que es una frontera porosa, donde existían más de 42 pasos ilegales. Se enumeran ciertas amenazas y vulnerabilidades, que aún están presentes: la debilidad de la institucionalidad gubernamental colombiana en frontera; la infiltración de columnas guerrilleras; los asentamientos de laboratorios de procesamiento de la droga en territorio ecuatoriano; una cierta incapacidad logística y de recursos de las fuerzas del orden ecuatorianas; entre otros. Puntualmente, el informe concluye que “existe una falta de control en la importación y destino de precursores para el procesamiento de la droga. Por lo que el Ecuador ha dejado de ser un país solo de tránsito para empezar a ser un lugar de procesamiento”.

El informe detalla la presencia de grupos armados y delincuenciales en las provincias ecuatorianas. Sucumbíos era utilizada como centro de operaciones por los Frentes 48 y 32 de las FARC; mientas que en Carchi y Esmeraldas ejercía su influencia el Frente 29. Además, en “Esmeraldas, otros grupos salidos del paramilitarismo (…) se disputa(ban) a sangre y fuego el control de los cargamentos de precursores, armas y drogas”. La comisión también menciona los vínculos del narcotráfico con grupos mexicanos. Luego de diez años, el Ministro del Interior de Ecuador relacionó a carteles mexicanos con los recientes hechos de violencia armada ocurridos en San Lorenzo. Al parecer las disputas a sangre y fuego incluyen a otros actores, como son los carteles mexicanos y las fuerzas de seguridad ecuatoriana, quienes han sido objeto de ataques.

El informe vincula a las FARC con el narcotráfico que se registra en la frontera norte. Se advierte que entre el año 2000 y 2008, las fuerzas de seguridad ecuatorianas habían destruido más de “180 instalaciones ilegales entre campamentos y laboratorios de procesamiento de drogas (…) esto evidencia la frecuencia de las incursiones y presencia de esos grupos en la Frontera Norte”. Además, se detallan diez eventos armados relacionados con las FARC en Ecuador entre los años 1980 y 2009, donde 9 personas murieron y otras 9 resultaron heridas. A ello se suman las 17 personas muertas y 3 heridas en Angostura. El informe concluye que “las FARC y el narcotráfico han logrado penetrar varias instancias de los organismos políticos, judiciales, culturales y sociales”. Los últimos acontecimientos en San Lorenzo obligan a investigar los vínculos del narcotráfico en los organismos públicos.

El informe también observa que “el marco legal así como la eficiencia operativa de la Policía Nacional no son suficientes para una eficaz interdicción de las organizaciones de narcotráfico transnacionales”. Además, la comisión concluye que el “Sistema Nacional de Inteligencia no ha estado integrado y coordinado entre los diferentes servicios institucionales de las Fuerza Armadas y de la Policía Nacional, lo que evidencia la debilidad institucional”. Luego de diez años, las debilidades del sistema de inteligencia, han sido nuevamente observadas por los actos de violencia registrados en Esmeraldas en el último mes. Además, el marco jurídico de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, no están plenamente acordes a los nuevos riesgos. Por ejemplo, no se ha incorporado con rango de ley los parámetros para el uso progresivo de la fuerza que establece el derecho internacional de los derechos humanos.

Las fuerzas de seguridad tampoco cuentan con los equipos y capacitación que les permitan tener eficiencia operativa. Entre estas debilidades se encuentran la falta de capacidad aérea y marítima, incluidos los cuestionados radares y helicópteros Dhruv.

Llama la atención que la comisión concluye que los “informes periciales realizados sobre algunos cadáveres determinan la violación de derechos humanos”. A este hecho se suma la falta de atención médica a las personas heridas por parte de las Fuerzas Armadas Colombianas, como lo obliga el derecho internacional humanitario. En el informe solo menciona un proceso judicial en contra de las 3 personas heridas. Por otro lado, Ecuador presentó una petición contra Colombia en el sistema interamericano de derechos humanos por la muerte del ciudadano ecuatoriano Franklin Aisalla. En 2013, este caso finalizó mediante un acuerdo interestatal tendiente al desarrollo social y económico, incluyendo la reparación e inversión para la compensación social fronteriza. En palabras de los representantes gubernamentales referido Acuerdo “satisface las pretensiones de las víctimas y del Estado ecuatoriano”. Por lo que, aparentemente, las otras presuntas violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, no han sido investigadas y mucho menos se han determinado responsabilidades como obliga el derecho internacional.

El 24 de noviembre de 2016, se firmó el Acuerdo para la Terminación Definitiva del Conflicto entre el Gobierno de Colombia y las FARC. El referido acuerdo no significa el fin de las hostilidades. Varios frentes y ex miembros de las FARC se convirtieron en disidentes, por lo que no han dejado las armas. Esta continuación de la violencia armada se ha expandido a Ecuador. En lo que va del año los resultados son un cuartel policial destruido, dos enfrentamientos y dos heridos. Estos (no tan nuevos) escenarios de violencia armada, plantean nuevos retos a las fuerzas de seguridad ecuatoriana, los mismos requieren un marco jurídico basados en el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Además, se requieren políticas públicas y recursos económicos para gestionar adecuadamente los riesgos en la frontera norte de Ecuador.

Finalmente, cabe mencionar que el artículo 6 del decreto de creación de la Comisión señala que “el informe final estará a disposición de la ciudadanía”; sin embargo, el mismo no se está publicado en el registro oficial o en el sitio web de alguna institución pública. Por lo que la presente reflexión se basa en un documento que aparece en un sitio web privado (https://es.scribd.com/doc/24329223/informe-angostura). Por lo que es necesaria la publicación del informe oficial.

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