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La libertad de La Manada

Juan Tibanlombo
La Conversación EC
viernes, junio 22, 2018
Unas dos mil personas, una vez conocida la noticia de la orden de libertad provisional, llenaron inmediatamente la Plaza del Ayuntamiento de Pamplona convocadas mediante redes sociales por los colectivos feministas de la ciudad. La ola de indignación volvió con el grito de: ¡No es abuso, es violación!

Un hecho insólito se conoció en España. Insólito porque nadie creía que podría pasar. Cinco miembros de La Manada violaron salvajemente a una chica en los Sanfermines de 2016. Los cinco fueron sentenciados a nueve años de cárcel, por abuso sexual ni siquiera por violación en abril de este año. Y la sentencia fue con un voto en contra de uno de los jueces. La misma sala de la Audiencia Provincial de Navarra decidió excarcelar a José Ángel Prenda, Alfonso Cabezuelo (militar), Antonio Manuel Guerrero (guardia civil), Jesús Escudero y Ángel Boza, con edades comprendidas entre los 26 y 29 años, con una fianza de 6.000 mil euros, unos 6.900 dólares.

La decisión de dejar en libertad a La Manada salió con el voto a favor de dos de los tres magistrados que componen la sala: Ricardo González, que sentencia de abril redactó un voto particular en el que pedía la absolución de la víctima, y Raquel Fernandino, que votó hace dos meses por al sentencia a nueve años de cárcel.

“Es inocultable que la denunciante se encontró de pronto en un lugar angosto y recóndito, rodeada por cinco varones de edades muy superiores y fuerte complexión que la dejaron impresionada y sin capacidad de reacción”, concluyeron los jueces al condenar a La Manada por un delito de abuso sexual en vez de agresión, como pedía la Fiscalía. El fallo desató las protestas de todos los grupos políticos y asociaciones de mujeres.

La ley fija en dos años el plazo máximo que pueden pasar en prisión preventiva los acusados de un delito o los condenados sin sentencia firme. Este plazo se cumplía el próximo 7 de marzo, pero, al existir ya una sentencia, se podía prorrogar hasta la mitad de la condena impuesta. Es decir, con una condena de nueve años de cárcel, los jóvenes podían haber estado en prisión preventiva cuatro años y medio, por lo que la medida podía prorrogarse otros dos años y seis meses.

Unas dos mil personas, una vez conocida la noticia de la orden de libertad provisional, llenaron inmediatamente la Plaza del Ayuntamiento de Pamplona convocadas mediante redes sociales por los colectivos feministas de la ciudad. La ola de indignación volvió con el grito de: ¡No es abuso, es violación!, la misma consigna de cuando se conoció la sentencia. Esa lucha, sin embargo, no es solo de las organizaciones feministas ni de derechos humanos, debería ser una lucha de todas las sociedades porque es violación, abuso de poder, humillación… juntado todo en un fallo perverso y en una orden de libertad provisional más perversa todavía.

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