El gobierno no tenía más alternativa que aumentar los impuestos

Para afrontar la magnitud del déficit programado para 2017 y el proyectado para los años siguientes, heredado por el gobierno del presidente Lenín Moreno, de su predecesor Rafael Correa, solo existen tres posibles soluciones: disminuir el gasto, aumentar los ingresos y recurrir a un nuevo endeudamiento externo.

En lo concerniente al gasto, a pesar de que el corriente ocupa la mayor parte de los egresos, de momento el equipo económico ha resuelto no tomar esa ruta, porque no puede ser menguado en el corto plazo. Desde luego, esta administración debería aspirar a lograrlo en el mediano plazo.

En cambio, sí es posible rebajar en corto tiempo el gasto de inversión, de ahí que el gobierno se ha decantado por esa alternativa. En un plano ideal esta medida nunca debería adoptarse, por ello cabe esperar que en un futuro cercano las tijeras se utilicen para recortar el gasto corriente y, en compensación, se aumente la inversión.

Otra opción para engrosar la caja fiscal es el endeudamiento, pero aquello ya no es posible porque el país ha llegado a su tope de endeudamiento. Descartada esta posibilidad solo queda atraer recursos a través de un incremento de las ventas del petróleo o por la vía de imponer cargas tributarias.

Pero subir las ventas del petróleo tampoco se puede, por todo el descalabro creado por el gobierno de Correa en ese sector, de tal modo que lo único que le quedaba al gobierno era echar mano al aumento de impuestos.

Frente a este panorama, el proyecto de Ley Orgánica para la Reactivación Económica, enviado hace pocos días a la Asamblea Nacional, tiene un claro fin recaudatorio, algo que no debería llamar la atención porque ese es el objetivo de toda propuesta tributaria ligada a un Presupuesto público.

Una vez que se encontró abocado a incrementar impuestos, el gobierno ha debido examinar con atención cuáles tributos puede aumentar con el fin de afectar a la menor cantidad posible de agentes económicos. Según voceros del frente económico, a la hora de diseñar el proyecto se tomaron en cuenta las sugerencias del Consejo Consultivo Productivo Tributario, creado como parte del diálogo nacional. Pero la realidad es otra, porque este órgano siempre se opuso al aumento de cargas y más bien planteó que el gobierno disminuya el gasto.

El escenario idóneo habría sido no aumentar impuestos sino, al revés, disminuirlos; sobre todo rebajar impuestos a las empresas en general, para incentivar la producción. También hubiese sido ideal reducir cargas a las personas naturales a fin de aumentar el ahorro.

La política pública se trata de lo que un gobierno hace o deja de hacer para favorecer al Estado y al mismo tiempo no desalentar la productividad. En este caso, Lenín Moreno se ha afanado en buscar a qué sector de la economía cargarle impuestos adicionales sin tener que desestimular la producción.

Así, desde un punto de vista teórico, epistemológico, la propuesta de reforma tributaria puede considerarse como un incentivo a la producción, debido a que no  ataca directamente a las empresas ni coarta los estímulos que podrían tener los inversionistas para fortalecer la producción.

Desde el sector productivo, algunas voces cuestionan la propuesta del Ejecutivo con el argumento de que impacta el incremento de tres puntos al Impuesto a la Renta (pasa del 22% al 25%) que pagan las sociedades. Por supuesto que deben sentirse afectadas aquellas empresas que tienen grandes utilidades, porque el proyecto topa el margen de sus excedentes, sin embargo, esto no  significa que vayan a entrar en quiebra.

Asimismo, el incremento del Impuesto a la Renta atado al número de cargas familiares de las personas con ingresos mensuales superiores a $3.000, es decir quien menos cargas tiene paga más, no impacta en la producción ni la  desincentiva. El alza se orienta a desalentar el consumo por parte del 0,5% de la población económicamente activa con ese rango de ingresos y que tiene pocas cargas.

La medida, de ser aprobada, no implica que esas personas vayan a dejar de consumir, sino más bien mermará su capacidad de ahorro o su capacidad de invertir en artículos suntuarios. En contrapartida, la propuesta tiene la gran ventaja de no perjudicar al consumo del 99,5% de la población.

Para el gobierno, el escenario idóneo habría sido no aumentar impuestos sino, al revés, disminuirlos; sobre todo rebajar impuestos a las empresas en general, para incentivar la producción. También hubiese sido ideal reducir cargas a las personas naturales con el objetivo de aumentar el ahorro, porque eso también equivale a inversión. Sin embargo, como no está disponible otro mecanismo rápido para poder financiar el Presupuesto, se ha visto forzado a incrementar impuestos tratando de no afectar mayormente al sector productivo.

Definitivamente, el gobierno de Lenín Moreno no tenía otra opción frente al legado que recibió del gobierno anterior. Rafael Correa “no dejó la mesa servida”.

 


Reforma tributaria o más impuestos, una receta conocida que impedirá una vez más la reactivación de la economía

A medio año de inaugurado, el gobierno del presidente Lenín Moreno, no presenta novedades en materia económica. El proyecto de Ley Orgánica para la Reactivación Económica del Ecuador, enviado a la Asamblea Nacional con el carácter de urgente, exhibe la manida receta de cargar tributos a los ciudadanos.

“¿De dónde puedo sacar más rentas?”, parece haber sido la premisa de los creadores del proyecto. Veamos:

De aprobarse la propuesta del Ejecutivo, las personas que ganen más de $3.000 mensuales y tengan pocas cargas familiares o ninguna serán gravadas por dos vías: 1) la deducción de gastos personales del Impuesto a la Renta estará atada al número de cargas familiares, esto es quienes tienen más cargas tributarán menos y los que tienen pocas o ninguna contribuirán más; y, 2) la aplicación del Impuesto a la Renta al décimo tercer sueldo.

En principio, estas medidas afectarían a unas 50.000 familias, que de esa forma entregarían unos $50 millones extras al fisco. Los recursos pasarán a engrosar la suma de $1.900 millones, que es el objetivo macroeconómico del gobierno para sortear la difícil situación financiera que atraviesa el Estado.

En realidad, la medida más fuerte de este proyecto recaudatorio, es la aplicación del incremento de tres puntos porcentuales del Impuesto a la Renta (IR), del 22 al 25%, para las sociedades. Además abarca el 15% de la participación de los trabajadores, pues las empresas suelen considerarlo al momento de calcular este tributo. Es decir, la verdadera carga para las empresas de esta vieja redistribución del ingreso cuesta 36,25% y le pone al Ecuador entre los países con más Impuesto a la Renta por parte de las empresas.

Según las autoridades económicas, el proyecto cumple el dicho: “los que más tienen, más pagan”, pero la frase suena hueca, porque el aumento indefectiblemente será trasladado al consumidor final y en esa orilla se encuentran millares de personas de medianos y bajos recursos. Ahí está el verdadero impacto.

Asimismo, serán gravados con una tasa de entre 0,5% y 2% los retiros en efectivo superiores a los $4.000. Detrás está la necesidad que tiene el gobierno de fomentar el manejo del dinero electrónico para restringir el uso de circulante y evitar el alto costo que representa importar billetes desde el extranjero. De esta forma el Estado traspasará a los usuarios de dinero en efectivo (o sea todos), el costo de la logística de traer moneda.

En su más reciente libro, titulado Ecuador entre dos siglos, el ex presidente Osvaldo Hurtado (1981-1984), señala que en los últimos cuarenta años el Ecuador ha atravesado cuatro crisis, todas con un denominador común: la caída de los precios del petróleo. La de ahora no es la excepción.

Cabe advertir que la intención de promover el uso de otros medios de pago (el proyecto faculta a la banca a crearlos) es una apuesta arriesgada, porque podría entreabrir una rendija para abandonar la dolarización. El pago a través de medios alternativos implantaría una especie de convertibilidad: 1 (dólar físico) x 1 (dólar electrónico). Por eso no sería descabellado que mucha gente que reciba el sueldo en dinero electrónico, corra de inmediato a cambiarlo por billetes para guardarlos.

En valores nominales, la expectativa de crecimiento de los ingresos del país es de aproximadamente $3.000 millones. De ese total, tendremos que entregar $1.900 millones en tributos adicionales, incluyendo la tasa de 10 centavos adicionales para que la Aduana ahora sí haga su trabajo; y, en definitiva, porque esta nueva exacción es lo que necesita el gobierno para las penurias de la caja fiscal y  como siempre la pagaremos todos.

La Proforma Presupuestaria para 2018, fijada en $34.853 millones, es menor en aproximadamente $2.000 millones a la actual. Obviamente, la rebaja global es correcta. No obstante, una mirada más atenta deja ver que el gobierno se ha decantado por reducir la inversión en obra pública, pero mantiene intacto el Estado obeso con el incremento del gasto corriente. La lógica de subir los sueldos en las áreas de educación, salud y alguna otra área gubernamental, crea una suerte de castas, porque unos empleados públicos gozarán del beneficio, por encima de otros.

Lo antedicho, sin entrar a comparar el tamaño de los latisueldos que paga el sector público con relación al privado. A nivel de mandos medios, los empleados del Estado ganan entre un 50% y un 100% más que los privados.

Visto así, daría la impresión que a los ciudadanos nos “exprimen” para mantener una burocracia que sigue engordando, con la transferencia de millones de dólares que se van en viajes, viáticos, autos, teléfonos móviles e incrementos de sueldos. De esta manera se nutre la más segura clientela de votantes que puede tener un gobierno: la burocracia.

Como menciono en párrafos anteriores, la imposición de nuevas contribuciones y tasas responde a la situación de penuria fiscal, a la necesidad que tiene el Estado de contar con recursos para cubrir el hueco de entre $8.000 y $9.000 millones, que dejará el pago de la deuda externa el próximo año.

En su más reciente libro, titulado Ecuador entre dos siglos, el ex presidente Osvaldo Hurtado (1981-1984), señala que en los últimos cuarenta años el Ecuador ha atravesado cuatro crisis, todas tienen como denominador común la caída de los precios del petróleo. La de ahora no es la excepción.

Esto significa que no hemos aprendido la lección. Eso precisamente es lo que se le increpa a Rafael Correa, en cuyo gobierno se registró una bonanza sin precedentes por los altos precios del petróleo, pero su régimen no creó un fondo de estabilización para atravesar las épocas difíciles.