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El ministro Serrano pide llegar a los responsables políticos del tiroteo en Fybeca


Redacción
La Conversación EC
miércoles, junio 29, 2016
“El caso Fybeca (sic) se puede convertir en uno de los emblemas de la lucha contra la impunidad, pero obviamente creo que hay que llegar hasta quienes dirigían esas acciones. Cuidado nos quedemos con algunos elementos de la Policía Nacional, esto hay que determinar cuál era la instancia política, también que daba las disposiciones de […]

“El caso Fybeca (sic) se puede convertir en uno de los emblemas de la lucha contra la impunidad, pero obviamente creo que hay que llegar hasta quienes dirigían esas acciones. Cuidado nos quedemos con algunos elementos de la Policía Nacional, esto hay que determinar cuál era la instancia política, también que daba las disposiciones de exterminar delincuentes”, dijo el ministro Serrano, en un recorrido que realizó por Flor de Bastión, en Guayaquil, junto al presidente Rafael Correa.

El ministro se refirió al caso del tiroteo en la farmacia Fybeca en 2003 en el que hubo ocho muertos y cuatro desaparecidos y que se retomó en instancias judiciales luego de que uno apareciera después de trece años. “La justicia debe llegar hasta quienes eran los responsables políticos de dar las órdenes para que se exterminen delincuentes”, dijo Serrano.

Hace trece años, las autoridades políticas que se encontraban en los mandos eran el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot; el gobernador del Guayas, Alberto Merchán; el ministro de Gobierno, Felipe Mantilla, y el entonces presidente de la República, Lucio Gutiérrez, destaca el portal web de diario El Universo.

El lunes pasado, el fiscal del Estado, Galo Chiriboga, pidió a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que formule cargos por el presunto delito de plagio, bajo la modalidad de desaparición forzada, contra quince implicados en la desaparición de cuatro personas en este operativo policial que se ejecutó el 19 de noviembre de 2003, para contrarrestar un asalto en la farmacia en el norte de Guayaquil.

La Corte dio paso al pedido y rige la etapa de instrucción fiscal por 90 días. Durante este tiempo, doce miembros de la Policía Nacional, que participaron en el suceso, deberán mantener prisión preventiva y otros tres tienen prohibición de salir del país. (I)

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