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Las prefecturas reclaman en la Corte Constitucional por la transferencia de competencias sin recursos


Redacción
La Conversación EC
lunes, julio 4, 2016
Las prefecturas de la Mancomunidad del Norte y de la Amazonía argumentaron ante la Corte Constitucional por qué debería derogarse la resolución del Consejo Nacional de Competencias que les transfiere las competencias de fomento productivo y agrario, reseña el portal web de diario El Comercio. El problema, argumentaron, no radica en el manejo de las […]

Las prefecturas de la Mancomunidad del Norte y de la Amazonía argumentaron ante la Corte Constitucional por qué debería derogarse la resolución del Consejo Nacional de Competencias que les transfiere las competencias de fomento productivo y agrario, reseña el portal web de diario El Comercio.

El problema, argumentaron, no radica en el manejo de las competencias, que por ley les pertenecen, sino en la ausencia de las asignaciones económicas para cumplir con la tarea. Ante la jueza sustanciadora, Wendy Molina, aseguraron que el artículo 273 de la Constitución establece que no habrá transferencia de competencias sin la respectiva transferencia de los recursos suficientes.

No es un tema solo de dinero, sino de “recursos” humanos, económicos y tecnológicos que deberían pasar a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, según los alegatos.

En la audiencia participaron Guillermo Herrera, prefecto del Carchi, y el abogado Darwin Seraquive. Mientras que por la Procuraduría estuvo Jimmy Carvajal y por el Consejo de Competencias, Augusta House. La audiencia fue cerrada al público, por lo que solo se podía escuchar vagamente una retransmisión de audio en la sala de espera de fuera de la planta baja, según El Comercio.

Según la defensa de la Procuraduría la demanda de las prefecturas carece de argumento jurídico, “lo único que hay aquí es la imputación de determinadas disposiciones constitucionales”. Por lo que solicitó que se niegue la acción pública de inconstitucionalidad.

El prefecto Herrera reclamó al final de la audiencia que el abogado de la Procuraduría “haya querido influenciar” en los jueces de la Corte en contra de las prefecturas, ya que como abogado del Estado debería también velar por sus derechos, ya que los gobiernos provinciales también son instituciones públicas. Las partes deberán presentar en cinco días la argumentación legal faltante y después la jueza emitirá un informe que deberá ser debatido y aprobado por el pleno del organismo, con su decisión final. (I)e

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