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El gobierno le apuesta a su necesidad de liquidez antes que a la cautela financiera


Jorge Calderón Salazar
Tecnológico ARGOS
miércoles, diciembre 7, 2016
Las últimas resoluciones de la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera del Ecuador generan sospechas sobre cuál será el destino de esos recursos que irán al Banco Central del Ecuador (BCE) porque este tipo de políticas restringen la liquidez en la economía y  dada la coyuntura económica del país se necesita expandir la […]

Las últimas resoluciones de la Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera del Ecuador generan sospechas sobre cuál será el destino de esos recursos que irán al Banco Central del Ecuador (BCE) porque este tipo de políticas restringen la liquidez en la economía y  dada la coyuntura económica del país se necesita expandir la economía y el crédito juega un papel fundamental en esa estrategia.

Una de los primeros puntos de estas resoluciones es el aumento del encaje bancario que pasa del 2 % al 5 %, en donde las instituciones tienen plazo hasta el 15 de diciembre para elevar ese porcentaje. Esto afecta a aquellos bancos que tienen más de USD 1.000 millones en activos, que a criterio de la Junta -basada en informes del Banco Central del Ecuador (BCE)- señala que existen altos niveles de excedentes de liquidez y que por esa razón deben elevar dicho encaje. Un aumento del encaje va a restringir la liquidez que pueda generar la banca a través de la expansión del crédito.

A inicios del año, la Asociación de Bancos Privados (Asobanca) indicó que iba a tratar de colocar en el país cerca de USD 10.000 millones en créditos para el segundo semestre del 2016; esto refleja que la banca ha actuado de forma mesuradamente todos estos años y que la crisis no se ha profundizado por el buen comportamiento de este sector financiero en el manejo de los activos líquidos. Así, hay oferta del crédito, pero no hay demanda de personas que adquieran esos créditos. Por ejemplo, hay casos de personas que reciben llamadas de bancos (incluso en los que no tiene cuenta), con propuestas de créditos. Es decir, la banca quiere colocar créditos de consumo pero no hay respuestas por parte de la demanda, dado la coyuntura económica que existe en el país.

Por el lado de la banca, al momento que tenga que dejar más dinero en el BCE por concepto de encaje, disminuirá los recursos que tiene para ofrecer a través de créditos, que según los primeros cálculos estarían entre USD 700 millones y USD 800 millones. Estos recursos servirán para que el gobierno tenga garantía de liquidez para contratar créditos en el exterior; más aún cuando el país se enfrenta a meses importantes que demandan recursos y –obviamente- las necesidades van a ser mucho mayores.  Preocupa, además que el gobierno vaya más allá y use esos recursos para el pago  de acreencias de corto plazo derivadas del funcionamiento del aparato estatal (esto es sueldo y salarios), es que la experiencia deja evidencia, ya hizo esto en mayo de este año cuando uso recursos de la reserva monetaria para dicho fin.  Si el aumento del encaje sirve para la primera alternativa, esto es, tener garantías de liquidez, el gobierno puede contratar créditos externos para hacer pagos a proveedores, cumplir con compromisos locales, etc. Es decir, va a darse una suerte de desplazamientos de esos recursos privados hacia el sector público. Por ello preocupa porque el país sigue con el mismo modelo económico que no da para más, en donde  el gobierno sigue siendo el eje del sistema económico, este modelo ya no aguanta más.

Tenemos  una política monetaria atada a una política fiscal, cuando las cosas tienen que manejarse por separado, este tipo de situaciones generan suspicacias porque este momento no es el adecuado para hacer una política monetaria restrictiva como la que está planteando el gobierno, dado que debe crear mecanismos para que  justamente la economía se expanda.

La otra regulación tiene que ver con el cambio en el cálculo del Coeficiente de Liquidez Doméstica (CLD), que dispone que el Fondo de Liquidez de la Banca Privada, administrado por la Cosede (Corporación de Seguro de Depósitos de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados) ya no se considere este rubro como liquidez doméstica sino liquidez internacional. El cambio implica que la banca en conjunto deberá repatriar un aproximado de entre USD 400 y USD 500 millones para cubrir el CLD. Al tener que repatriar la banca estos recursos va a aumentar el tamaño de las reservas y tendrá que dejar más dinero por concepto del encaje legal. Entonces, el Gobierno tiene toda una estrategia estructurada que la está ejecutando a través de la Junta Monetaria para captar más liquidez, tanto de la que ya tiene el mercado local, como la que tienen expatriados los bancos como medida de prevención para enfrentar cualquier situación de crisis económica y financiera.

De hecho, el presidente dela República, Rafael Correa, en algunas intervenciones ha indicado que esos recursos deberían repatriarse, pero esa es una forma parcializada de ver las cosas. Los recursos que están en el exterior son para garantizar la seguridad de los depósitos y de toda la liquidez del sistema ecuatoriano; eso es parte de una estrategia básica financiera. La teoría dice que hay que diversificar el dinero para reducir el riesgo. No se puede destinar todos los recursos financieros  en una solo lugar, esto es en la economía local, los bancos los colocan en otros mercados precisamente para bajar el riesgo; eso es lo que no analiza el gobierno o quizá si lo tienen presente, pero es más fuerte su necesidad de liquidez y de seguir siendo el eje de economía, antes que la cautela financiera.

Ojalá no se presente en el país un retiro de depósitos en gran escala porque no habría una forma sustancial para poder hacer frente a una corrida bancaria. En este sentido, el gobierno está actuando en una visión de corto plazo en donde se prioriza la cobertura de sus necesidades fiscales, a costa de un problema financiero que pueda existir. Esperemos que no se presenten turbulencias financieras que afecten a la banca privada y pongan en riesgo a los depositantes, porque sería algo que ni la Cosede (ente llamado a velar por los depósitos de los ecuatorianos y la banca) podría enfrentar dado el uso potencial que tendrá el gobierno, vía el Banco Central, de los recursos financieros que deberán obligadamente estar en los bancos.

Otra regulación tiene que ver con la Constitución del Fondo de Liquidez de Cooperativas con dinero de la Banca. La Junta Monetaria abre la posibilidad de que el fondo de liquidez del sistema financiero privado, constituido con aportes de los Bancos por USD 2.300 millones, pueda prestar hasta el 20% de su patrimonio al Fondo de Liquidez de las cooperativas. Con esto el gobierno quiere que se bajen los costos financieros; las cooperativas son un actor importante en ese sentido y hay que impulsarlas, quizá se busca volverlas más competitivas y que presten más servicios que les permita posicionarse.  Actualmente el sistema financiero está concentrado en los bancos antes que en cooperativas y en instituciones mucho más pequeñas. En ese sentido, busca privilegiar a este grupo para reducir los costos operativos del sistema financiero. A pesar de que el gobierno busca dinamizar a las cooperativas, sí existen otras estrategias para ello y no se tiene por qué apalancar el crecimiento de un sector del sistema financiero basado en el perjuicio de los otros actores del sistema. La competencia debe estar dada en igualdad de condiciones para todos los actores de un sistema económico y en especial del sistema financiero. Es comprensible desde el gobierno quiera impulsar el crecimiento de las cooperativas dadas las facilidades que tiene para dar créditos; sobre todo de niveles socioeconómicos medio y bajo que son los principales clientes que demandan sus servicios financieros, pero –insisto- no se pueden hacer a costa de la pérdida de competitividad de los otros actores de la banca privada.

Una cuarta regulación tiene que ver con que las entidades del sector público no financiero no podrán mantener depósitos e inversiones financieras en el exterior, sin contar con la autorización de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Los depósitos e inversiones financieras, incluyendo capital e intereses, que estas entidades mantengan en el exterior sin contar con la autorización de la Junta deberán ingresar de manera obligatoria al país hasta el 31 de diciembre de 2016 y se depositarán en el Banco Central. Esto es parte de toda la estrategia gubernamental para repatriar recursos, obviamente la tasa de interés a nivel internacional es mucho más baja, está entre 1.5 % y 2.5 %, los bancos colocan ese recurso no por la rentabilidad que puedan obtener, sino por la seguridad que tienen las inversiones que realizan en el exterior, eso es netamente un respaldo; es decir, la banca ha sido muy cauta al dejar los recursos suficientes en el BCE para solventar cualquier eventualidad financiera que se presente y también ha trasladado recursos al exterior para contar con respaldo adicional. Pero, este tipo de medidas tomadas por la Junta no son justificables, el soporte que busca dar el gobierno a través de la Junta Monetaria pero no se justifica en una coyuntura como la actual.

En sí, la necesidad es apuntalar la economía ecuatoriana, los indicadores muestran que hay una cantidad importante de recursos en el exterior y el gobierno –a través de la Junta- busca equilibrar esta situación ya sea a través del coeficiente de liquidez internacional o de la reinversión en el Ecuador. Una última regulación tiene que ver con la reducción o eliminación de tarifas en al menos 14 servicios que los bancos prestan a sus clientes. Esta no es la primera regulación planteada por el gobierno que apunta a reducir costos operativos como la emisión de chequeras, entrega de estados financieros, entre otros tipos de servicios que ofrece la banca. Esto ha bajado sustancialmente la utilidad de la banca en los últimos años, en casi un 50%.  En toda actividad económica la utilidad es importante porque eso le da capacidad de reinversión a las empresas. Sería importante observar la economía de los servicios para saber si los bancos están actuando de manera consciente en su cobro, pero el mensaje final que se transmitirá y que llegará a los clientes de la banca es la reducción de los costos para ellos y es una conquista del gobierno, más aún en una coyuntura electoral.

Este año ya está consumado, pero en el 2017 se sentirán los efectos de estas medidas tomadas por la Junta.

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