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Patiño: la retención de dos militares por los Shuar no quedará en la impunidad


Redacción
La Conversación EC
sábado, enero 28, 2017
Los oficiales del Batallón de Selva 49 del Ejército, Luis Rodríguez y Paúl Pazmiño, fueron liberados la tarde del sábado tras permanecer retenidos por indígenas shuar ocho días, en Morona Santiago, provincia que se encuentra en estado de excepción tras los incidentes ocurridos por la oposición de los comuneros a los proyectos mineros. El viceministro […]

Los oficiales del Batallón de Selva 49 del Ejército, Luis Rodríguez y Paúl Pazmiño, fueron liberados la tarde del sábado tras permanecer retenidos por indígenas shuar ocho días, en Morona Santiago, provincia que se encuentra en estado de excepción tras los incidentes ocurridos por la oposición de los comuneros a los proyectos mineros.

El viceministro de Defensa, Felipe Vega de la Cuadra, informó que los dos uniformados fueron liberados, sin ningún tipo de negociación por los líderes de las comunidades shuar.

Los dos militares iban a ser trasladados a Quito. El ministro de Defensa, Ricardo Patiño, escribió en su cuenta de Twitter, que el “secuestro no quedará en la impunidad”.

El domingo 22 de enero, el Ministerio de Defensa había denunciado que dos militares fueron retenidos por indígenas shuar en la provincia de Morona Santiago, donde existe un conflicto minero.

Rodríguez y Pazmiño eran parte de una patrulla para buscar al sargento Milton Catota y al soldado Jhon Vélez, quienes ya habían sido liberados. “La comunidad Shuar de Yunkuapais exigió el intercambio (de Rodríguez y Pazmiño) por los miembros de tropa secuestrados inicialmente”, indicó el ministerio.

Los indígenas shuar se enfrentaron con la policía en noviembre y diciembre pasados, cuando se produjeron protestas contra un campamento de la minera china ExplorCobres (EXSA) en Morona Santiago, que está a cargo del proyecto Panantza-San Carlos.

Las manifestaciones también habían dejado quince heridos (entre ellos un guardia civil), por lo que el presidente Rafael Correa decretó el estado de excepción en la provincia.

Los indígenas habían alegado que fueron desalojados por la fuerza pública de sus territorios para “dar paso a la explotación minera a cielo abierto” por parte de EXSA.

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