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Devaluación fiscal: una medida con efectos secundarios para toda la población


Carlos Sebastián Cárdenas Zambrano
Universidad de Especialidades Espíritu Santo
miércoles, julio 26, 2017
Aunque el ministro Carlos de la Torre no lo ha dicho claramente, esta forma de subsidio se financiaría con un incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

A buen entendedor pocas palabras. El refrán calza a la perfección con el talante mostrado por el presidente Lenín Moreno durante sus dos primeros meses de gobierno, a la hora de referirse al estado de la economía del país.

Solo le bastó decir: “no hay tal mesa servida”, “la situación es difícil” y “se podía haber sido un poquito más mesurado en dejar las cuentas en mejores condiciones”, para informar que la economía atraviesa un momento complicado y que su mentor, Rafael Correa, no manejó del todo bien este asunto.

Para hacer frente a las dificultades, al gobierno no le queda otra alternativa que tomar medidas, las cuales conoceremos en pocos días, junto con el envío del Presupuesto General del Estado a la Asamblea Nacional, según ha advertido el propio mandatario.

Cuando el país manejaba el sucre, el gobierno podía devaluar la moneda si el tipo de cambio era fijo, o depreciarla si estaba en modo flexible. La baja del costo del dinero disminuía los costes de producción. De esa forma, los bienes exportables ganaban competitividad en los mercados internacionales.

En la actualidad no es posible modificar el tipo de cambio porque el dólar no es moneda propia. Por esa razón, el régimen ha planteado (de momento, como única opción) el mecanismo de la devaluación fiscal.

Esta medida consiste en modificar ciertas tasas impositivas -directas o indirectas- con la finalidad de abaratar las exportaciones y encarecer las importaciones. De esta forma, los recursos públicos no disminuyen; incluso pueden aumentar.

Con el fin de lograr este propósito, el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, propone reducir los aportes de los empleadores -del sector exportador- al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), que actualmente es del 11,15% (el otro 9,45% corresponde a la cotización personal).

Ojalá que el régimen analice concienzudamente todas las probabilidades y que por ningún motivo incurra en un nuevo endeudamiento, la trillada fórmula de la última década.  

Aunque el ministro no lo ha dicho claramente, esta forma de subsidio se financiaría con un incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que ahora es del 12%.

Como efecto inmediato, el régimen obtendría una mayor recaudación tributaria a costa de afectar a toda la población. Asimismo, aumentaría el precio de todos los bienes de consumo, incluidos los importados.

La medida no emerge del ingenio del equipo económico del actual gobierno. En 2014, España aplicó la devaluación fiscal, para impulsar sus exportaciones frente a mercados muy competitivos como Francia, Alemania e Italia.

Pero la economía española es muy distinta a la ecuatoriana. Junto con la medida, el país ibérico buscó nuevos mercados, apuntaló al sector exportador y tomó estrictas disposiciones que volvieron más eficientes a sus empresas. Allá funcionó el mecanismo.

Acá, en cambio, la reducción del precio de los artículos producidos domésticamente, claramente tendrá un “efecto secundario” en los consumidores, esto es en toda la población, con el encarecimiento de los bienes.

Desde varios sectores, especialmente las Cámaras, se han levantado voces que se oponen a una posible devaluación fiscal, así a como a la eventual imposición de nuevos tributos, salvaguardas o cualquier tipo de gravamen orientados a obtener más recursos para el Fisco o para limitar el consumo a la población.

Ante la actual coyuntura, el gobierno y los sectores productivos deberían trabajar mancomunadamente para encontrar otras formas de abaratar los costos de los bienes exportables. Para ello es necesaria la coordinación entre varios organismos, bajo el liderazgo del Ministerio de Comercio Exterior.

Esta labor tendría que incluir la realización de estrictos análisis sobre las potencialidades de nuestros productos. Con esa base, el gobierno podría facilitar a los exportadores la importación de sus insumos, lo cual incidiría en una rebaja de los costos de producción.

Otra alternativa para abaratar costos, sin tener que recurrir a la devaluación fiscal, tiene que ver con la revisión de ciertas subpartidas arancelarias. En el abanico de opciones también está la focalización de los subsidios a los combustibles, aunque ciertamente es impensable que el gobierno opte por este mecanismo porque el costo político sería letal.

Definitivamente, queda claro que la devaluación fiscal no es la única alternativa de la que puede echar mano el gobierno para enfrentar la crisis económica y obtener más ingresos. Ojalá que el régimen analice concienzudamente todas las probabilidades y que por ningún motivo incurra en un nuevo endeudamiento, la vieja fórmula trillada de la última década.

 

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