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Diálogo: ‘Una táctica a corto plazo de Moreno para diferenciarse del Gobierno anterior’


Daniela Orrantia
Universidad Casa Grande
lunes, julio 3, 2017
Para analizar la posición de apertura del nuevo gobernante, quien pertenece a las filas del movimiento Alianza País, La Conversación dialogó con la catedrática Daniela Orrantia, coordinadora de la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Casa Grande.

Hace pocos días, el presidente de la República, Lenín Moreno, inauguró, en Guayaquil,  la iniciativa de Diálogo Nacional, con lo cual mostró su decisión de acercarse a organizaciones y colectivos sociales que habían sido desplazados de la escena política. Esta actitud es diametralmente opuesta a la que mantuvo su antecesor, Rafael Correa.

Para analizar esta posición de apertura del nuevo gobernante, quien pertenece a las filas de Alianza País, La Conversación dialogó con la catedrática Daniela Orrantia, coordinadora de la carrera de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Casa Grande.

La iniciativa de Diálogo Nacional, impulsada por el presidente Lenín Moreno, prevé seis mesas temáticas: Acuerdo Plurinacional, Acuerdo por la Unidad, Acuerdo por la Información, Acuerdo por la Educación, Acuerdo por el Agro, y Lucha contra la Corrupción. En tanto, para los asuntos del sector productivo se crea el Consejo Consultivo Empresarial. ¿En qué consiste esta distinción? 

El Consejo Consultivo es un mecanismo de participación ciudadana establecido en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana (LOPC). Como indica su nombre, los Consejos no son vinculantes, pues se limitan a ser espacios de “asesoramiento compuestos por ciudadanas o ciudadanos, o por organizaciones civiles que se constituyen en espacios y organismos de consulta. Las autoridades o las instancias mixtas o paritarias podrán convocar en cualquier momento a dichos consejos. Su función es meramente consultiva”, según la Ley indicada. Por tanto, quienes participen en el Consejo Consultivo Empresarial, sean ciudadanos “de a pie” o la Cámara de Comercio de Guayaquil, no tendrán poder de decisión más allá de aspirar a influenciar en la toma de una resolución final.

El Consejo Consultivo Empresarial se fundamenta en la LOPC, ¿qué sustenta al mecanismo de los Acuerdos?

Las mesas temáticas de educación, agro, información, unidad y lucha contra la corrupción se desarrollarán por fuera de la institucionalidad diseñada para la participación ciudadana ya existente, es decir, las mesas de diálogo no constan como mecanismos de participación ciudadana formales, más bien es una instancia nueva creada precisamente para el proceso de diálogo nacional.

¿A qué atribuye la diferenciación?

Resulta evidente que el Gobierno cree necesario contar con distintos niveles de institucionalización para temas particulares. Las mesas de diálogo temáticas son instancias participativas con sustento legal en la Constitución y en la LOPC, sin embargo, no son mecanismos o instancias ya instituidas previamente.

¿Cuál sería el motivo de esta singularización?

Podría ser que el Gobierno requiera legitimidad para tomar decisiones referidas a la actividad empresarial. Un Consejo Consultivo determina un trato prioritario y especial, en comparación con las otras temáticas del diálogo nacional. Un aspecto importante a cuestionar es el por qué se impulsa un Consejo Consultivo Empresarial y no se busca optimizar los Consejos Ciudadanos Sectoriales que -por ley- deben estar ya implementados por todos los ministerios y secretarías del Ejecutivo.

El Gobierno anterior no dio prioridad al diálogo, ¿por qué Moreno lo pone en lo más alto de su agenda, a pesar de que es miembro de la misma organización política a la que pertenece su antecesor?

Una estrategia evidente consiste en limar asperezas entre gobierno central y actores políticos y sociales. En el Gobierno de Rafael Correa hubo muy poca participación y mucha “rendición de cuentas”.  La idea de “diálogo” que tenía el expresidente giraba en torno a él y lo que él comunicaba. Las opiniones divergentes, o demandas sociales no alineadas con el mandatario, eran sistemáticamente desacreditas todos los sábados. Entonces, impulsar el diálogo es una táctica del Gobierno de Moreno para demarcar su diferencia de la administración anterior y brindar legitimidad a las decisiones políticas venideras.

Moreno atacaría dos frentes: ¿diferenciarse de Correa y lograr la participación?

Desde esta perspectiva, se podría argumentar que la iniciativa del diálogo no busca generar una verdadera participación, más bien sería una táctica a corto plazo para establecer una diferencia con el anterior Gobierno y dar legitimidad a las decisiones políticas del nuevo. La creación del Consejo Consultivo Empresarial da principal importancia a la relación que desea forjar el actual gobierno con el sector empresarial, especialmente por encabezar un sector importante de la oposición.

En cuanto a los temas planteados ¿quedan por fuera algunos, por ejemplo el ambiental? 

Notablemente no hay mesa de diálogo sobre temas ambientales. Pareciera que el Gobierno de turno no tiene intención de atender las demandas de los grupos y organizaciones que se oponen a la ejecución de actividades extractivistas (mineras o petroleras). Pero este desentendimiento no exime a los grupos ambientalistas de formar parte de las mesas que ellos consideren pertinentes. Desde este punto de vista, las mesas sobre educación, lucha contra la corrupción, plurinacionalidad y unidad, ofrecen espacios transversales donde puede encontrar cabida la agenda ambiental.

El expresidente Lucio Gutiérrez (2003-2005) convocó a un diálogo nacional, pero la experiencia no dio resultado al punto que terminó fuera del poder sin concluir su periodo, ¿qué hace distinta a la iniciativa de Moreno?

Antes no había una institucionalidad para participar o “dialogar” con el gobierno. La Constitución de 1998 se limitó a establecer mecanismos de democracia directa (ej.: revocatoria de mandato). Durante la gestión de Gutiérrez se creó la Secretaría de Diálogo Social, adscrita a la Presidencia de la República, cuyo presidente fue Augusto Barrera, quien actualmente funge de Secretario Nacional de Educación Superior Ciencia y Tecnología. Se podría decir que la Secretaría de Diálogo Social buscó institucionalizar la participación ciudadana por fuera de los mecanismos de democracia directa, pero fue de tipo temporal y no se asemeja con la actual institucionalización de la participación, que se sostiene en la Constitución, en leyes y en varios códigos orgánicos.

¿La participación ciudadana fue instituida en la Constitución de Montecristi, pero ha sido -o no- un mecanismo utilizado desde entonces?

En realidad se institucionalizó en la Constitución de 1998. Sin embargo, en la Constitución de 2008 (vigente) la participación ciudadana es un derecho y una garantía. De esa forma se amplió significativamente la participación ciudadana que ya constaba en la Carta Política de 1998. Desde sus inicios, el régimen de la Revolución Ciudadana ha mantenido una retórica constante con referencia a este precepto, con el argumento de otorgar prioridad a la democracia participativa y deliberativa por encima de la democracia representativa. Es decir, la participación ciudadana es un elemento constitutivo del poder popular que trasciende la participación electoral. Por citar ejemplos que signan lo anterior, el sistema de planificación nacional es participativo; además existe una Función del Estado que busca representar la participación ciudadana a un mismo nivel que los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral. No obstante, en la práctica, la participación ciudadana ha sido deficiente. Esto puede ser atribuido al fenómeno del híper-presidencialismo y al estilo de gobernar del expresidente Rafael Correa, quien tenía problemas para aceptar visiones divergentes a las suyas en lo referido a la toma de decisiones políticas.

¿Qué puede esperar la ciudadanía de la iniciativa de Diálogo Nacional?

La ciudadanía espera una mayor intervención, por cuanto la retórica de la participación ciudadana (inclusive la del expresidente Correa) ha sido una marca del Régimen de la Revolución Ciudadana. Pese a ello, durante el Gobierno anterior, los actores políticos y colectivos sociales mostraron su descontento por la falta de apertura y participación, tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Da la impresión que el presidente Moreno, de acuerdo a sus declaraciones y a su discurso inaugural, desea apartarse de ese estilo y busca materializar la retórica participativa en acciones concretas.

 No se podrá implementar una participación genuina, en especial en la mesa sobre la lucha contra la corrupción, si el Gobierno no está dispuesto a entregar toda la información requerida, aunque esto signifique exponer o desvirtuar el régimen anterior de Rafael Correa.

¿De qué depende el éxito de esta iniciativa?

El éxito de esta materialización de la participación ciudadana no podrá concretarse sin un marco de honestidad, transparencia y flexibilidad. Los dos primeros elementos recaen exclusivamente en el Gobierno; el último, la flexibilidad, es responsabilidad tanto del régimen como de los ciudadanos y colectivos sociales participantes.

¿Las ideas y acuerdos que resultaren de esta iniciativa tienen que plasmarse en políticas públicas?

Es importante que quienes encabezan el diálogo, por parte del Gobierno, se muestren frontales sobre el carácter consultivo y no vinculante del mismo. Esto le otorgará mayor legitimidad y disminuirá la sensación de ser un espacio de manipulación antes que de participación. Asimismo, el oficialismo debe tratar de construir objetivos comunes, antes que obligar a dialogar o participar dentro de un marco preestablecido que condiciona la libre participación de los ciudadanos, organizaciones y gremios. En otras palabras, se debe promover una participación que fomente la construcción de un horizonte colectivo antes que promover el aporte acrítico de los participantes a decisiones ya tomadas.

¿Cuál debe ser la actitud de los participantes?

En el diálogo también es necesaria la flexibilidad de los participantes. Ellos deben estar dispuestos a ceder sus posiciones (en algo, cuando menos) o comprender la dificultad por parte del Gobierno para dar cabida y cumplir los deseos de todos los participantes. Además, deben comprender que no todos los espacios de participación pueden ser de tipo vinculante. Y, en caso de serlo, requieren de mecanismos democráticos para tomar decisiones colectivas que necesariamente obligan a un diálogo y deliberación previa.

Usted también habla de transparencia.

Desde luego, porque es imperativo que el Gobierno ponga a disposición toda la información necesaria para la participación ciudadana. No se podrá implementar una participación genuina, en especial en la mesa sobre la lucha contra la corrupción, si el Gobierno no está dispuesto a entregar toda la información requerida, aunque esto signifique exponer o desvirtuar el régimen anterior de Rafael Correa.

¿Moreno tiene suficiente liderazgo político para conducir el Diálogo Nacional y, luego, fijar como políticas de Estado los acuerdos que de allí surjan?

Siempre y cuando exista honestidad, transparencia y flexibilidad, cualquier mandatario puede, en teoría, llevar a cabo un proceso de diálogo exitoso. Más bien, el reto de Moreno consiste en enfrentar a la tendencia del correísmo, es decir al expresidente y sus coidearios directos, que cohabitan con otros actores políticos dentro del movimiento Alianza País. Si ellos ponen resistencia al proceso de diálogo se convertirá en un problema para Moreno, por cuanto el mandatario se verá en la incómoda posición de fragmentar a su organización política.

 

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