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El vicepresidente sin funciones Jorge Glas no logró que se revoque su prisión preventiva


Redacción
La Conversación EC
viernes, octubre 13, 2017
Baca Mancheno sostuvo que la orden de prisión es pertinente, porque el plazo de investigación  de 120 días se aplica para las diligencias de investigación y la audiencia en la que se dictó el arresto es legítima porque no era una diligencia parte de las investigaciones.

El Fiscal Carlos Baca Mancheno pidió a los jueces de la Corte Nacional de Justicia negar la apelación propuesta por la defensa del vicepresidente sin funciones Jorge Glas contra la prisión preventiva dictada en su contra. El Tribunal, dirigido por el juez Luis Enrique, aceptó el pedido y ratificó la prisión preventiva para Jorge Glas.

Enríquez presidió la audiencia de apelación a prisión preventiva y escuchó el pedido del lado acusador, por el que Baca Mancheno solicitó a los jueces que rechacen y nieguen la solicitud de apelación a la prisión preventiva de Glas, sospechoso de asociación ilícita en el caso de los sobornos de la constructora brasileña  Odebrecht.

Franco argumentó que la orden de prisión se dictó un día después de que terminó el plazo de instrucción fiscal que es la etapa que tiene la Fiscalía para reunir todas las pruebas. Y que la orden de prisión era “ilegal e ilegítima”, pues esa medida cautelar solo se debe dictar en caso excepcional.

El defensor de Glas también subrayó que su cliente siempre cumplió con los llamados de la justicia y colaboró en las investigaciones.

Baca Mancheno, por su parte, sostuvo que la orden de prisión es pertinente, porque el plazo de investigación  de 120 días se aplica para las diligencias de investigación y que en este caso, la audiencia en la que se dictó el arresto es legítima porque no es una diligencia parte de las investigaciones.

El pedido de cambiar la medida cautelar del vicepresidente, según Baca, se basó en los nuevos indicios que “agravaron su situación”.

En la audiencia, que duró una hora y media, también intervino Julio César Sarango, abogado de César Montúfar, exasambleísta que actúa en nombre este caso como acusador particular. Sarango se opuso a que se revoque la orden de prisión porque el vicepresidente sin funciones todavía tiene poder e influencia política.

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