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Medidas económicas con ingrediente político solo ‘patean’ el balón hacia delante


José Franco Moncayo
Universidad Internacional del Ecuador
martes, octubre 24, 2017
No les falta razón a quienes califican de “paños tibios” a las medidas y dicen que han sido diseñadas para durar el tiempo que demore el proceso electoral de la consulta popular.

Las medidas anunciadas por el presidente de la República, Lenín Moreno, de ninguna manera configuran un Plan Económico. Estas carecen de estructura, no son integrales ni atacan los problemas de fondo que tiene el país.

Un verdadero plan económico tendría que abordar cuestiones esenciales como una  renegociación de la deuda externa que, según las autoridades, se acerca a los $60.000 millones, emprender en un programa de reducción del gasto corriente y equilibrar el déficit fiscal con metas claras y alcanzables.

Con la vía trazada, el gobierno tendría que buscar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en temas puntuales,  dirigidos a bajar el riesgo país. Esa señal de confianza le permitiría al país renegociar  la deuda en mejores condiciones; y, eventualmente, obtener créditos de contingencia del propio FMI. Para esto, el gobierno tendría que presentar un plan económico estructurado, transparentar todas las cifras y establecer mecanismos claros para reducir el déficit fiscal que, según algunos analistas, bordea los $8.000 millones, puesto que los ingresos, afirman,  han sido sobreestimados.

Las medidas adoptadas por Moreno, tras cinco meses de estar al mando del país, son fiscalistas, con un claro fin recaudatorio, de modo que toda la carga impositiva recae exclusivamente  en el sector privado y por ende en los ciudadanos de a pie que son los que pagan el costo del incremento, por el efecto de transferencia de precios.

En materia de comercio exterior, una prueba de lo antedicho es la elevación de aranceles a 375 partidas con código de cuatro dígitos, lo cual compromete muchos más bienes incluidos en las subpartidas correspondientes, a seis u ocho dígitos. Es de esperarse  que el aumento de los porcentajes no supere los techos máximos permitidos por la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Otra evidencia es la imposición de un arancel específico de $0,10 a todos los bienes importados, con la justificación de que el importe de esos recursos se destinará al control del contrabando. Por cierto, llama la atención lo expresado por el director del SENAE (Servicio Nacional de Aduanas), Mauro Andino, en el sentido de que en los últimos tres años ingresaron $12.046 millones por importaciones subvaloradas, lo que ocasionó una defraudación de $2.353 millones.

¿Acaso durante todo ese tiempo las autoridades de la SENAE estuvieron de vacaciones? La entidad dispone de herramientas para cobrar estas obligaciones: aforo automático, aforo electrónico, aforo documental, aforo físico. Además, puede aplicar el manual de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y la Declaración Andina de Valor.

También habrá que mirar si este arancel específico, al combinarse con el ad valorem existente aplicando la formula OMC, sobrepasa el límite del arancel consolidado convenido por Ecuador con dicha organización. Por ahora, lo único claro es que la medida aumentará el costo de los bienes importados y que se incrementará el contrabando en lugar de disminuir.

En todo caso, el diálogo entre el gobierno y los sectores productivos siempre es significativo. Las partes han hecho bien al dejar abiertos los canales de comunicación, sobre todo tras diez años de no diálogo.

No les falta razón a quienes califican de “paños tibios” a las medidas y dicen que han sido diseñadas para durar el tiempo que demore el proceso electoral de la consulta popular anunciada por el primer mandatario.

Claramente las medidas están atravesadas por el componente político; de momento no hay otra explicación. Probablemente, una vez superada la algarabía de la consulta, durante los primeros meses de 2018, la fuerza de las circunstancias obligaría al gobierno a tomar algunas medidas. Quizá entonces se irán incorporando algunas propuestas que esta vez fueron dejadas de lado.

El régimen tendrá que enfocarse en dos aspectos trascendentes: reducir el gasto corriente, mediante una reingeniería del sector público,  renegociar la deuda del país y ajuste a la brecha fiscal.

Durante la última década se cimentó un Estado adiposo, el cual tiene que ser reestructurado. Lo mismo sucede con la deuda, contratada con onerosos intereses. También deberá abordar el tema de la flexibilización laboral y buscar solución a la grave crisis que atraviesa el sistema de la Seguridad Social.

En lo económico todavía no hay señales de cambio. Las medidas con fines recaudatorios y la reciente emisión de bonos por $2.300 millones, dejan ver que persevera el modelo de fijar impuestos y endeudar al país. El gobierno solo ha pateado “la pelota” hacia delante, mientras la situación de desempleo es cada vez más acuciante. Así no se reactiva la economía.

Como incentivo a los exportadores, el gobierno devolverá impuestos por el ingreso de divisas. Esto no es otra cosa que el “drawback”, una medida que se aplica desde hace muchos años y que ha generado una abultada deuda por parte del Estado. Por tanto, antes que nada tendría que reembolsar lo adeudado.

No obstante, en este tema, el fondo del problema es la falta de competitividad que tiene el sector exportador debido a sus costos internos sumado a la revalorización del dólar.

La competitividad es un aspecto principal de la nueva mesa de diálogo convocada por el presidente. Las Cámaras y Fedexport no asistieron al primer encuentro. Tal vez ronda la idea de que las reuniones poco sirven si al momento de las decisiones únicamente resultan favorecidas las organizaciones pequeñas, mientras las grandes, las que generan mayor producción y empleo, son castigadas con un incremento de tres puntos al Impuesto a la Renta y permanece el anticipo de ese tributo, aparentemente con una nueva fórmula de cálculo.

En todo caso, el diálogo entre el gobierno y los sectores productivos siempre es significativo. Las partes han hecho bien al dejar abiertos los canales de comunicación, sobre todo tras diez años de no diálogo.

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