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El régimen de Nicolás Maduro endurece la represión de cualquier opinión o gesto que los contraríe


Redacción
La Conversación EC
jueves, noviembre 9, 2017
El texto califica a los escraches -llamados “manifestaciones de odio” en la jerigonza oficial- como “violaciones graves a los derechos humanos que no prescriben” y también alcanza a policías y militares que no impidan el repudio y no detengan a los responsables.

La llamada Ley contra el Odio fue aprobada el miércoles por la Asamblea Nacional Constituyente, la cámara chavista que usurpa las funciones del Parlamento dominado por la oposición. En ella criminaliza a la disidencia porque establece penas severas, de entre 10 y 20 años de prisión, contra todo lo que consideren como una incitación al odio. Un concepto bastante amplio y ambiguo que puede incluir el corte de vías de comunicación, conocidas en Venezuela como guarimbas, los escraches, las manifestaciones políticas, una fotografía impactante en la tapa de un diario e incluso los trinos de los influenciadores y medios digitales que se viralicen en las redes sociales.

El capítulo V, “de las responsabilidades, delitos y sanciones”, establece en el artículo 20 que “quien públicamente, o mediante cualquier medio apto para su difusión pública, fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas, en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político, de orientación sexual, de identidad de género, de expresión de género o cualquier otro motivo discriminatorio será sancionado con prisión de 10 a 20 años, sin perjuicio de la responsabilidad civil y disciplinaria por los daños causados”.

En otro artículo, relacionado con los partidos políticos que “promuevan el fascismo, la intolerancia o el odio nacional, racial, étnico, religioso, político, social, ideológico, de género, orientación sexual (…) y de cualquier otra naturaleza que constituya incitación a la discriminación y la violencia”, se ordena que no podrán ser inscritos ante el Consejo Nacional Electoral.

De igual manera, se ordena a esas organizaciones incluir en sus estatutos “la medida preventiva de suspensión” y de “expulsión” de sus militantes si cometieran alguno de los delitos establecidos en la Ley. “En caso de abstenerse de incluir dichas normas o de iniciar tramitar o decidir oportunamente los procedimientos disciplinarios por estos motivos el Consejo Nacional Electoral revocará su inscripción”, fija en ese sentido.

Después de superar entre abril y agosto cuatro meses de protestas, que dejaron más de 120 muertos y centenares de heridos, el régimen dice estar embarcado en la promoción de la paz y la estabilidad de Venezuela con la Constituyente como buque insignia. La declaración no encubre el afán de darle el golpe mortal a sus adversarios, que atraviesan una de sus peores crisis en muchos años. Con la inesperada derrota electoral de los candidatos de la plataforma opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) las elecciones regionales, el régimen parece estar consciente de que puede liquidarlos, reseña El País.

El origen de esta disposición, que espera ser “una referencia en el mundo”, como declaró, luego de la aprobación, la presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez, está en los escraches sufridos por los funcionarios del régimen durante las manifestaciones de hace seis meses.

Entre abril y agosto se viralizaron escenas que mostraban los airados reclamos de furibundos opositores contra ellos y sus familiares en todo el mundo. Les decían asesinos y los responsabilizaban de la crónica falta de alimentos y medicinas. Ocurrió en Caracas con la rectora del Consejo Nacional Electoral, Socorro Hernández; en un avión que aterrizaba en el aeropuerto internacional de Maiquetía con Alfredo Serrano Mancilla, el principal asesor económico de Maduro, a bordo; pero también en Ciudad de México con Jorge Rodríguez, alcalde del centro oeste de Caracas, y su familia; en Madrid con el embajador de Venezuela en España, Mario Isea; y en Nueva York con el canciller Jorge Arreaza y el embajador Rafael Ramírez. Apenas el texto se publique en Gaceta Oficial los vergonzosos episodios vividos por la jerarquía chavista serán solo el mal recuerdo de una época en la que se sentían confinados.

La ley es una sugerencia hecha por Maduro cuando compareció ante la cámara chavista, a diez días de su polémica elección en unos comicios denunciados como fraudulentos por la MUD y el proveedor del Consejo Nacional Electoral encargado de contar los votos. La ley establece las bases para liquidar la protesta ciudadana e inaugura una etapa incierta y oscura para la oposición política, la prensa independiente y las organizaciones no gubernamentales.

El texto califica a los escraches -llamados “manifestaciones de odio” en la jerigonza oficial- como “violaciones graves a los derechos humanos que no prescriben” y también alcanza a policías y militares que no impidan el repudio y no detengan a los responsables.

Con el cese de las protestas el régimen ha intentado presentar a la oposición como una banda de forajidos y de traidores a la patria. En ese marco la ley es vendida por sus promotores como el antídoto que impedirá la violencia política. Su aprobación llega después de que la Constituyente, que se ha convertido en el sumo sacerdote de la vida venezolana, allanara la inmunidad parlamentaria del primer vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara, quien se refugió en la embajada de Chile en Caracas. La decisión ha sido aplaudida por el hombre fuerte del chavismo, el diputado Diosdado Cabello.

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