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La confianza ciudadana en juego, luego de la consulta del 4 de febrero

Wilson Araque
Universidad Andina Simón Bolívar
martes, marzo 6, 2018
Esta semana inicia funciones el Consejo de Participación Ciudadana de transición. Es de esperar que el trabajo sea fructífero y quede el legado de una institucionalidad que permita designar al Consejo definitivo de manera clara y justa.

Luego del cuatro de febrero, cuando se cumplió el proceso de consulta al pueblo ecuatoriano sobre los cambios que requiere el marco institucional del país, al momento de llevar a la práctica el pronunciamiento masivo en favor del sí, debe cuidarse la confianza ciudadana.

Para ello es fundamental que los intereses personales o grupales -relacionados a determinados partidos políticos- queden de lado, caso contrario el pueblo se sentirá engañado y difícilmente estará dispuesto a respaldar nuevas propuestas que puedan surgir desde el gobierno del presidente Lenín Moreno para sacar adelante -de forma colectiva y colaborativa- al Ecuador.

Esto, sobre todo cuando la economía -uno de los espacios que exige una intervención profunda e inmediata- va a requerir, necesariamente, del sacrificio y el apoyo de todos a la hora de readecuar el rumbo de un modelo económico que, lamentablemente, luego de diez años de vigencia, generó varios desvíos que requieren ser reencauzados.

Esta semana inicia funciones el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de transición. Es de esperar que el trabajo de los siete consejeros sea fructífero y quede como legado una institucionalidad que permita designar al Consejo definitivo de la forma más clara y justa.

Tras la experiencia vivida con el gobierno de Rafael Correa, no hay que perder de vista que la conformación del CPCCS juega un rol posterior fundamental al momento de elegir las autoridades clave del funcionamiento estatal: Contralor, Procurador, Fiscal, Superintendentes, Defensor del Pueblo, Defensor Público; miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y Consejo de la Judicatura.

Como se observa, la institucionalidad -comprende las reglas del juego y los actores encargados de ponerlas en ejecución- genera varios efectos, por ejemplo, ahora mismo, para sostener en el largo plazo al modelo monetario de la dolarización, es vital atraer dólares hacia la economía ecuatoriana.

De ahí que no se pueden repetir malas prácticas como elegir a parientes cercanos de las autoridades gubernamentales (se dio el caso que fue seleccionado el esposo de una asambleísta), designar a gente que en algún momento ocupó cargos en el gobierno de turno -por ello debe favores políticos- o  personas que, por su pasado, sería riesgoso encargarles funciones tan delicadas. A pesar de la mala experiencia de la última década, se reconoce el peso del CPCCS en el destino positivo de un Estado que trabaje en favor de todos y no solo de los intereses del partido político que preside el gobierno central de turno.

Otro aspecto que muestra la relevancia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fue que el organismo se convirtió -por su integración y funcionamiento-  en uno de los facilitadores directos para consolidar un modelo estatal caracterizado por otorgar poderes gigantes al Presidente de la República -menoscabando, incluso, la independencia de otros poderes estatales definidos en el texto constitucional-. Varios tratadistas denominan a este fenómeno  hiperpresidencialismo a favor de la consolidación de gobiernos totalitarios “que quieren controlar todo y, así, evitar que alguien les controle”. En Ecuador, todo eso según lo dispuesto en la parte orgánica de la Constitución vigente desde 2008.

Ahí radica la importancia de que a la hora de recuperar y promover un marco institucional que inspire confianza -por ejemplo, a los actores nacionales y de otros países interesados en emprender diferentes tipos de proyectos productivos y sociales-, este Consejo cumpla la misión para la que fue creado. El Art. 207 de la Constitución establece: “El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social promoverá e incentivará el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, impulsará y establecerá mecanismos de control social en los asuntos de interés público, y designará a las autoridades que le corresponda de acuerdo con la Constitución y la ley”. El organismo tiene que desempeñar su labor recordando siempre el cuidado de la confianza depositada por el pueblo el último 4 de febrero.

Como se observa, la institucionalidad -comprende las reglas del juego y los actores encargados de ponerlas en ejecución- genera varios efectos, por ejemplo, ahora mismo, para sostener en el largo plazo al modelo monetario de la dolarización, es vital atraer dólares hacia la economía ecuatoriana. Para ello, un marco institucional estable, transparente y justo se convierte en un requisito que, bien cumplido, promoverá un mayor dinamismo del grado de atracción de capitales que están fuera del Ecuador provenientes de ecuatorianos que, en su momento, los sacaron del país o de inversionistas de países extranjeros que, basados en un ambiente de confianza pro inversión, buscan países seguros donde aterrizar sus recursos, eso sí para fines productivos de largo plazo que, en última instancia, se conviertan en impulsores adicionales y efectivos de la inversión, producción y, sobre todo, del empleo.

En definitiva, como bien resalta Francis Fukuyama en su libro Confianza, la calidad de las relaciones -basada en las percepciones de signos positivos de buena convivencia social y organizacional- depende de cuán acertadas puedan ser las estrategias, tácticas y acciones que los líderes de una sociedad definen y llevan a la práctica para lograr que las personas u organizaciones, a la hora de tomar decisiones (por ejemplo, los inversionistas, en el campo económico), lo hagan con la seguridad de que ese marco -uno de ellos el institucional- les brinda la seguridad suficiente de que no habrá cambios que afecten las expectativas positivas futuras que se formaron cuando decidieron desarrollar un proyecto en lugar de otro; más aún, cuando optaron por permanecer en Ecuador y no radicarse en otro país que pueda ofrecerles condiciones iguales o superiores a las esperadas.

 

 

 

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