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La pelea Baca-Polit-Serrano ¿un complot para destruir a la Función Legislativa y al sistema de control?

Pablo Beltrán
Universidad San Francisco de Quito
domingo, marzo 4, 2018
La puesta en escena ha colocado un poco de luz sobre los acuerdos y componendas entre personajes que llegaron a las más altas posiciones de la función pública por haber formado parte del entorno más cercano al expresidente Rafael Correa.

Vergonzante. Ese es el calificativo que merece la conversación telefónica entre el excontralor general del Estado, Carlos Pólit, prófugo en Miami, y el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, en la que hablan de ponerse de acuerdo para destituir del cargo al fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno antes de que termine el año.

Tampoco es edificante que el propio fiscal haya difundido el audio en rueda de prensa, a sabiendas de que no tienen valor legal las grabaciones clandestinas.  En todo caso, la puesta en escena ha colocado un poco de luz sobre los acuerdos y componendas entre personajes que llegaron a las más altas posiciones de la función pública por haber formado parte del entorno más cercano al expresidente Rafael Correa.

Tras la marcha del jefe, quien era el elemento cohesionador, y a menos de un año de la partida, los enfrentamientos no han tardado en brotar, en lo que parece tener como telón de fondo una lucha por sucederlo en la Presidencia de la República. Eso estaría detrás de la rivalidad entre Baca y Serrano, según se desprende de la grabación.

Pólit, por su parte, ha asestado un golpe al fiscal general al señalar que la comisión ad honorem designada para investigar los hechos del 30-S, presidida por Baca, no solo fue remunerada con recursos provenientes de gastos reservados sino que urdió un montaje para dar sustento a la teoría gubernamental del intento de golpe de Estado.

La acusación es muy grave porque sería la confirmación de que los ecuatorianos estuvimos a merced de los designios del poder de turno. Un poder que para incriminar a los ciudadanos solo tenía que forjar unas cuantas pruebas; de la acusación se encargaba una Fiscalía que recibía órdenes y de los procesos una Justicia que no siempre era imparcial.

Esta suerte de “pelea de compadres”, cuyos actores compiten por sacarse los trapos sucios mutuos, evidencia el estado de fragilidad institucional creado por el correísmo. Serrano llegó a la posición que ostenta, por haber sido colocado en el primer puesto de la lista para asambleístas de Alianza País; Baca es fiscal general, tras haber sido funcionario y asesor del expresidente. Lo mismo puede decirse del presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, que previamente fue ministro de Justicia y del Interior, además fue secretario de Correa. Y la lista continúa en otros organismos clave.

El presidente ha manifestado que tomará acciones solo una vez que la Justicia se pronuncie. Ojalá que para entonces no sea demasiado tarde, porque tal como están las cosas a alguien puede convenirle pescar a río revuelto.

Todo eso ha coadyuvado a la pérdida de legitimidad de las instituciones y coloca al país en una situación muy peligrosa, en vista de que los hechos permiten inferir que en el fondo habría un complot para debilitar al sistema legislativo y al sistema de control. Hoy por hoy, las únicas certezas que tenemos es que sus cabezas no tienen la catadura moral ni ética ni los valores necesarios para seguir en los cargos.

Pese a la repulsa que causa la exhibición de tanta podredumbre, no se percibe una muestra de decoro por parte de estos personajes, quienes en lugar de dar un paso al costado y además ofrecer (cuando menos) disculpas al país por sus cuestionables actuaciones pretenden seguir al mando de las instituciones como si nada hubiera sucedido.

Empero, el Ecuador no puede permanecer en la trampa de tener al frente de estos organismos a personas que taparon muchas corruptelas durante la última década. Sus antecedentes no les acreditan para llevar adelante investigaciones serias e imparciales, peor aún sobre las denuncias que se lanzan mutuamente.

Como jefe del Ejecutivo, al presidente Lenín Moreno le corresponde poner un alto: de entrada tendría que pedirles la renuncia, aunque visto lo visto lo más probable es que se nieguen a hacerlo. De pasar aquello, deberá buscar alternativas legales para separarlos de los cargos. Asimismo, ya es tiempo de que se deshaga de varios integrantes del gobierno que están salpicados de acusaciones. Así mostraría que empieza a cumplir la promesa de realizar una “cirugía mayor a la corrupción”.

El presidente ha manifestado que tomará acciones solo una vez que la Justicia se pronuncie. Ojalá que para entonces no sea demasiado tarde, porque tal como están las cosas a alguien puede convenirle pescar a río revuelto. No en vano, la militancia correísta de la Asamblea Nacional -se dice de izquierda- ha coincidido con el derechista CREO en pedir la salida del titular del Legislativo. Así el cargo volvería a manos correístas.

Los hechos vergonzosos de los últimos días coinciden con la designación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, en concordancia con lo resuelto por la mayoría de ecuatorianos en la consulta popular del pasado 4 de febrero. Es de esperar que en el menor tiempo posible los nuevos consejeros puedan evaluar y remover a las autoridades que no han sabido honrar sus cargos y los reemplacen por personas probas que devuelvan la legitimidad a las instituciones claves del Estado.

 

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