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El juicio político contra Gustavo Jalkh y los integrantes del Consejo de la Judicatura tiene luz verde


Redacción
La Conversación EC
lunes, mayo 7, 2018
Dentro de cinco días, la Comisión de Fiscalización avocará conocimiento de la solicitud y verificará que cumpla lo dispuesto en el artículo 131 de la Constitución de la República, caso contrario la archivará.

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó la solicitud de juicio político contra Gustavo Jalkh, presidente del Consejo de la Judicatura, presentada el 18 de abril por Esteban Bernal y Raúl Tello, con el respaldo de 60 firmas de legisladores pertenecientes a las bancadas del PSC, Integración Nacional, CREO y algunos de Alianza Pais.

Los proponentes del juicio político acusaron a Jalkh y a los miembros del Consejo de la Judicatura de “incumplir sus funciones asignadas por la Constitución y la ley al irrespetar los procesos para el nombramiento de autoridades del sector justicia”, según informa la web del Legislativo.

Los proponentes acusaron a Jalkh y a los miembros del Consejo de la Judicatura de incumplir sus funciones asignadas por la Constitución y la ley, al irrespetar los procesos para el nombramiento de autoridades del sector justicia.

Esteban Bernal aseguró que a las 40 pruebas que presentaron en septiembre del año pasado, cuando propuso un primer pedido de juicio político, se suman cuatro más: El informe de la Contraloría General del Estado, de 6 de abril de 2018, por el cual establece que el Consejo de la Judicatura habría determinado nombramientos a agentes fiscales con puntaje menor, sobre los que obtuvieron mejores resultados.

El acto urgente presentado por la Fiscalía General del Estado en contra del Presidente del Consejo de la Judicatura por presunto tráfico de influencias. Y el informe y expediente presentado por la Comisión Anticorrupción ante el Consejo de Participación Ciudadana, respecto a la mala procedencia de los nombramientos de fiscales provinciales, entre los cuales consta el de la fiscal subrogante Thanya Moreno.

Ahora, el pedido será trasladado a la Comisión de Fiscalización del Legislativo para que cumpla con el respectivo proceso.

Dentro de cinco días, la Comisión de Fiscalización avocará conocimiento de la solicitud y verificará que cumpla lo dispuesto en el artículo 131 de la Constitución de la República, caso contrario la archivará.

“Notificará al funcionario el inicio del trámite, acompañando la solicitud de enjuiciamiento y la documentación de sustento, a fin de que en el plazo de quince días ejerza su derecho a la defensa en forma oral o escrita y presente las pruebas de descargo que considere pertinentes”, precisa la Asamblea.

Vencido el plazo de quince días, deberá remitir, en los siguientes cinco días, a la presidenta de la Asamblea Nacional el respectivo informe. De considerarlo necesario, la Comisión podrá solicitar una prórroga de hasta cinco días adicionales.

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