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Grupo de expertos de la OEA concluye que hay razones para llevar a Maduro ante la Corte Penal Internacional


Redacción
La Conversación EC
martes, mayo 29, 2018
La OEA como institución no tiene capacidad para enviar un caso a la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, pero sí puede hacerlo cualquiera de los 28 Estados miembro del organismo

El informe de un grupo de expertos designado por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, concluyó este martes que el Gobierno de Nicolás Maduro ha cometido delitos de lesa humanidad, y por tanto, existe base legal para denunciarlo ante la Corte Penal Internacional (CPI).

En su informe, de 400 páginas y presentado este martes, el panel de expertos concluyó que existe “fundamento suficiente” para concluir que se cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela, cita la Deutsche Welle.

La OEA como institución no tiene capacidad para enviar un caso a la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, pero sí puede hacerlo cualquiera de los 28 Estados miembro del organismo panamericano que han suscrito el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de esa corte.

Este martes, la abogada venezolana Tamara Sujú advirtió que la represión política sistemática se había intensificado en su país, enfatizando que cada vez más oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) estaban siendo arrestados por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

“El régimen de Nicolás Maduro ha iniciado una férrea persecución contra miembros activos de las Fuerzas Armadas y de su entorno familiar y de amistad, que suman hoy más de cuarenta personas detenidas y por lo menos cuatro civiles desaparecidos”, señaló Sujú desde la República Checa, donde recibió asilo político en 2014.

Entre los uniformados detenidos se encuentran los generales Pedro Naranjo Suárez y Nelson Morales Guitian; tres de los civiles encarcelados son Jorman Ortiz, Hebert Ramírez y José Marulanda. El caso de Marulanda ha causado particular indignación en Venezuela debido a las torturas que ha recibido en el Centro para Procesados Militares de Ramo Verde, estado Miranda, según el Foro Penal Venezolano, una red de juristas que defiende gratuitamente a quienes han sido detenidos arbitrariamente por razones políticas desde el 4 de febrero de 2014, cuando comenzaron las primeras protestas multitudinarias contra la gestión de Maduro.

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