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Integrar el CPCCS por el voto popular es un costo ínfimo comparado con los perjuicios que ocasiona la corrupción


Pablo Beltrán
David Márquez
Universidad San Francisco de Quito
lunes, julio 9, 2018
A pesar de los tropiezos que puedan haber en el camino, la mejor opción para conformar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es la elección popular. En esto hay que poner en la balanza el costo-beneficio. El voto obligatorio garantiza una amplia intervención de los ciudadanos

Para conformar un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se puede optar por una de dos alternativas: un mecanismo dictatorial como el utilizado desde su primera conformación en 2009, u otro democrático como el que se plantea para la designación de sus miembros. Esto deberá cumplirse el año 2019.

Si bien la selección efectuada hace tres años se hizo mediante concurso, ahora sabemos que en el periodo comprendido entre 2007 y 2017 nada se ejecutó sin el conocimiento del entonces presidente, Rafael Correa, quien llegó a decir que era el jefe de todas las funciones del Estado. Por ello, la opción descrita encaja dentro del mecanismo dictatorial.

Este método dio como resultado una rápida elección de los miembros del Consejo. Además, trajo consigo un inmediato acceso al poder, la uniformidad de sus opiniones (lo que agilizó el trabajo) y el bajo costo que representó el proceso de designación e investidura de los consejeros. Todo esto se debe a la principal característica de la elección: una manifestación de las preferencias del dictador (para el caso, el presidente de la República).

Las desventajas, en cambio, incidieron en la terrible corrupción desatada durante el tiempo que funcionó el organismo con los miembros anteriores, es decir hasta hace poco, cuando fue remplazado por el actual CPCCS Transitorio (funcionará por seis meses), gracias al mandato de la consulta popular del pasado 4 de febrero.

Lo descrito revela claramente la gran debilidad de la elección realizada bajo el ‘método’ dictatorial, un proceso que no demanda muchos gastos pero puede resultar funcional para el poder de turno. Asimismo, al ser permeable a la corrupción, sus aportes están exentos de objetividad e imparcialidad.

Es que el CPCCS es una institución relativamente nueva, creada por la Constitución de Montecristi (2008), y aunque nació a partir de una filosofía socialista ligada con democracia participativa directa, su ejercicio estuvo dominado por lo que fue el correísmo.

En lo sucesivo, y por decisión de la mayoría de ecuatorianos que respondieron afirmativamente en la consulta popular, la designación de los nuevos integrantes del CPCCS se hará el próximo año a través del voto popular. Esta opción también presenta ventajas y desventajas.

De cara al futuro, el Consejo debe propender a fortalecer la participación democrática, desde los distintos ámbitos del poder social. Asimismo, sus integrantes deben comprender que la independencia no sirve de mucho si las decisiones no son compartidas entre todos

Las ventajas se relacionan con la naturaleza representativa que tendrá el nuevo Consejo, al ser elegido por la mayoría de ecuatorianos. De esa forma podría considerarse al “control social” como un bien público. Otra ventaja tiene que ver con su naturaleza unimodal, porque tras los grandes escándalos de corrupción sucedidos durante la última década, la gran mayoría de ecuatorianos considera a la corrupción como un problema grave, en consecuencia se impondrá la moda de tener un Consejo eficiente.

Asimismo, a pesar de tratarse de una elección popular, podemos superar el Teorema de Imposibilidad de Arrow, porque no habrá dos modas, sino una sola: acabar con la corrupción. Además la votación será obligatoria, por lo que se prevé una amplia participación política.

Igualmente, debido a la polarización política que existe en el país, los grupos de presión (oficialistas, correístas y la antigua oposición) se encargarán de vigilar de cerca al nuevo Consejo para que desarrolle su labor adecuadamente. Eso estará apalancado con una fuerte vigilancia a los funcionarios públicos –como resultado de la ola de casos de corrupción que ha escandalizado al país- y es probable que de la sociedad surjan candidatos íntegros, con hojas de vida honestas, que al ser elegidos asuman el cargo con verdadero altruismo.

Podría considerarse un inconveniente de la elección directa el que una parte de la población diga no sentirse representada, por tratarse de una designación por mayoría de votos. Sin embargo, solo unos pocos podrían sentirse marginados por la naturaleza unimodal pronunciada del servicio público “control social”.

Otra desventaja puede ser que el Ecuador entre en un ciclo electivo entre las dos facciones del oficialismo: correístas y morenistas. Aunque este es un escenario poco probable debido a la disminución –en picada- de influencia del correísmo. En el lado de los inconvenientes también cabría mencionar el costo económico que demanda un proceso electoral.

Empero, a pesar de los tropiezos que puedan encontrarse en el camino, la mejor opción para  conformar un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es la elección popular. En esto hay que poner en la balanza el costo-beneficio. Y, claramente, la pérdida de celeridad es un daño ínfimo comparado con los perjuicios que ocasiona la corrupción.

De cara al futuro, el Consejo debe propender a fortalecer la participación democrática, desde los distintos ámbitos del poder social. Asimismo, sus integrantes deben comprender que la independencia no sirve de mucho si las decisiones no son compartidas entre todos.

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