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Chevron y Sharon Stone


Juan Tibanlombo
La Conversación EC
sábado, septiembre 8, 2018
La agencia publicitaria MCSquared, que había firmado un contrato con la que la Secretaría de Comunicación del Ecuador el 6 de mayo del 2013, demandó a la actriz Sharon Stone porque la había contratado por $350 mil para que viajara a la provincia de Orellana

En 2011 la Corte de Sucumbíos condenó a Chevron a pagar $9.500 millones por los daños ambientales causados en la Amazonía. Fue el año en el que el expresidente Rafael Correa convocaba a una consulta popular para preguntar al pueblo si podía meter mano en la justicia. Ganó con un estrecho margen. Y lo hizo al poner a sus más cercanos en el Consejo de la Judicatura, su brazo ejecutor para destituir jueces o fiscales que podían desacatar sus órdenes. La mano metida en la justicia estaba.

Ese mismo año un tribunal arbitral de La Haya dictó un laudo final en el caso Chevron II, en el que ordenó al Ecuador a pagar una compensación por $96,3 millones.

En 2013, una Corte de los Países Bajos negó el pedido de nulidad del laudo definitivo en el caso Chevron II, reclamado por el Ecuador. Un juez de la Corte de Columbia confirmó el fallo de La Haya en ese caso, mientras el tribunal de La Haya emitió un laudo parcial en el que exculpó a Chevron/Texaco en el tema ambiental (Chevron III).

Los fallos en La Haya en  el caso Chevron contra Ecuador no eran nuevos y el Estado ecuatoriano gobernado por el expresidente Correa, que se declaró jefe de todas las funciones del Estado, en lugar de buscar nuevas estrategias legales o al menos otro procurador del Estado lo que hizo fue inventarse lo que mejor sabían hacer sus jefes del aparato de propaganda: una campaña mediática. Correa nunca acusó a nadie en ese entonces de haber pactado con Chevron para que esa petrolera pudiera obtener un fallo favorable en esos tribunales internacionales.

Ahora sí lo hace en un despliegue de cinismo mezclado con soberbia y arrogancia; el expresidente trata de culpar de sus errores a otros; trata de posicionar de que él defendía los intereses de las comunidades de la Amazonía cuando en realidad solo montó una campaña de propaganda para posicionar su imagen en el escenario internacional. David contra Goliat, dijo en un alarde de cursilería. Así como decir hasta la victoria siempre.

Y claro que Ecuador en ese momento tuvo que cumplir los fallos de La Haya o de las cortes de Estados Unidos, porque necesitaba acercarse a Washington para seguir endeudando al país en los mercados de capitales. Cumplió con Chevron así como cumplió en los fallos contra el Estado ecuatoriano en el caso Oxy.

¿Quién dejó desprotegidos a los perjudicados por la contaminación en la Amazonía? ¿Quién, en lugar de hacer un manejo serio del caso en los tribunales internacionales, se dedicó a contratar empresas de publicidad para que pague a actores y vengan a meter la mano en piscinas de petróleo para la foto?

Él mismo se encargaba de anunciar las celebridades que llegaban a acompañar su denuncia contra Chevron. En abril de 2014 anunció la llegada de Sharon Stone. Lo anunció dos días antes de su supuesta llegada, pero nunca llegó. Así fue como comenzó a develarse las cifras exorbitantes que pagaba el Estado ecuatoriano a viejas estrellas de Hollywood para que acompañaran los delirios de grandeza del expresidente.

La agencia publicitaria MCSquared, que había firmado un contrato con la que la Secretaría de Comunicación del Ecuador el 6 de mayo del 2013, demandó a la actriz Sharon Stone porque la había contratado por 350 mil dólares para que viajara a la provincia de Orellana con el fin de participar en la campaña La mano Sucia de Chevron. Nunca lo hizo, dejó plantado al expresidente y todo su equipo de campaña.

Un contrato por 6,4 millones de dólares con la empresa MCSquared para pagar a celebridades como Mia Farrow (188 mil dólares) y Danny Glover (330 mil dólares). Otro contrato de 2,5 millones de dólares para pagar los viajes y las estancias de las figuras públicas que visitasen la selva y metiesen la mano en uno de los pozos de petróleo.

Por supuesto que hay responsables del fallo contra el Estado ecuatoriano. A la Contraloría ahora le corresponde determinar responsabilidades y auditar el uso de los recursos públicos en esa defensa. Y el Estado tiene todo el derecho de ejercer la acción de repetición. Y también la obligación de mantener la defensa de las comunidades de la Amazonía en los tribunales internacionales, pero sin shows internacionales que le costaron millones a las cuentas públicas por unas cuantas fotos.

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