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Si por un puesto cobran, ¿cuánto podrán cobrar por una Ley?


Francisco Huerta Montalvo
Universidad Casa Grande
viernes, septiembre 14, 2018
Desgraciadamente, los partidos políticos dejaron de serlo y se volvieron asociaciones electoralistas; eso forma parte de la tragedia nacional de vivir con la democracia a media asta, por falta de preparación de los candidatos y de los electores

El caso de los cobros indebidos a funcionarios en la Asamblea Nacional nos revela el estado de descomposición al que llegó la República en la década pasada. Son temas viejos, pero los hechos revelan actos de corrupción más grandes y más sofisticados.

Tampoco se puede confundir las cuotas políticas que los militantes pagaban a su partido, que eran contribuciones voluntarias. Ahora se impone una cuota obligatoria, un impuesto al sueldo –muchas veces a gente que ni siquiera es militante- y es un delito absoluto. Es vergonzoso el argumento cínico de los legisladores de “eso ya se sabía que era así”, cubriéndose con un manto de espíritu de cuerpo muy mal aplicado, en el que todo el mundo se ha quedado callado, salvo las excepciones que confirman la regla.

Así, en estos días, el presidente Lenín Moreno informaba que Ecuador quiso entrar a una comunidad internacional relacionada con el control a la corrupción, pero que el gobierno anterior se opuso; tampoco es cuestión de reducir todo a declaraciones en el sentido de formar parte de esas corporaciones de lucha internacional contra la corrupción y casa adentro seguirla permitiendo. Tenemos que darle coherencia y consistencia a la lucha anticorrupción. En ese sentido, el discurso de Moreno es honesto pero la acción es ineficiente. Es duro sacudirse, pero es hora de empezar.

El nivel de lo sucedido en el país es terrible porque se juega con el hambre de la gente para beneficio de un legislador corrupto que no merece el título de padre de la Patria. No solo es el acto de corrupción en sí, sino lo que significa para el país llevar este tipo de gente al Poder Legislativo: si por un puesto cobran, ¿cuánto podrán cobrar por una Ley?, es la pregunta que todos debiéramos hacernos.

Si bien, no se tienen pruebas de todos los casos, queda hacer una investigación exhaustiva. Habrá que abrir las cuentas de los legisladores y comparar sus sueldos con el nivel de vida que tienen. En todo caso habrá que tomar mecanismos correctivos para que el empleado no tenga que depositar por fuera y si eso ocurre, garantizar el sigilo en la denuncia. No es fácil.

A propósito de las próximas elecciones municipales, cuyos candidatos son más fáciles de identificar por su comportamiento, la consigna es simple: no elijamos a ladrones conocidos. El comportamiento de los desconocidos es más difícil de establecer, pero volver a votar por los corruptos conocidos es idiotez popular. A nombre de la oferta o de querer ser parte de un tongo, se eligen este tipo de representantes para usufructuar en conjunto.

Hay que buscar elegir mejor. No improvisemos con gente que no sabemos quién es. Si hay una carrera política previa, se puede analizar todo lo hecho: si son dirigentes locales que llegan recién a ser candidatos, puede que eso sea muy democrático y de estímulo de la participación popular, pero conlleva enormes riesgos.

Parte de ello también es la decadencia de los partidos políticos: antes respondían por sus afiliados y candidatos y, al menos por vergüenza a la institución que los elegía, trataban de hacer las cosas mejor y el partido les obligaba a portarse bien porque había sanciones. Desgraciadamente, los partidos políticos dejaron de serlo y se volvieron asociaciones electoralistas; eso forma parte de la tragedia nacional de vivir con la democracia a media asta, por falta de preparación de los candidatos y de los electores.

Las sanciones deben ser efectivas: en los casos que se puedan comprobar, independientemente de las acciones judiciales, el implicado debe perder la representación que le otorgó el pueblo por jugar con los intereses del país en beneficio particular. Le urge al Ecuador hacer una reforma ética fuerte como acción de la política para luchar contra este espíritu de cuerpo mal entendido que se reduce a la alcahuetería.

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