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‘El derecho penal ha sido ineficaz para reducir los abortos’


Redacción
La Conversación EC
domingo, noviembre 4, 2018
La Comisión de Justicia retoma el debate sobre el aborto. Dialogamos con Daniela Salazar, vicedecana del Colegio de Jurisprudencia de la USFQ, quien fue invitada por los asambleístas para presentar sus argumentos

El debate del aborto se instaló nuevamente en la Asamblea. ¿Se avizoran cambios?
En la Asamblea Nacional, la Comisión de Justicia se encuentra debatiendo el tema del aborto. Es absolutamente imprescindible que se vuelva a discutir, no solo en la Asamblea sino en el ámbito judicial, en la salud, en nuestras casas, en las universidades.
Por el momento, la propuesta que debate la Comisión de Justicia es el aborto en caso de violación sexual. No está considerado otro tipo de propuesta. La violación es una realidad social como lo es el aborto producto de esa violación y tenemos que discutir profunda y argumentadamente sin tabúes y sin dogmas.
La Comisión de Justicia discute al menos una variante: si una mujer es violada –sin importar su capacidad mental- debería poder acceder a un aborto sin que sea criminalizada. Esto implicaría sacar del Código Integral Penal (COIP) al menos esta causal. Al momento, el artículo 150 del COIP que penaliza el aborto por violación solo lo acepta para las mujeres que tienen una enfermedad mental.
Obviamente, el cambio debe estar regulado en el ámbito de la salud para que existan protocolos adecuados que permitan a los médicos atender a una mujer -que llegue a un proceso de aborto inducido o espontáneo- a tomar una decisión informada, en un ambiento seguro.

En su discurso en la Comisión de Justicia, usted invocó a un denominador común: todos queremos reducir los abortos, sin embargo solo se trata una de las causales
Para poder reducir el número de abortos no bastaría nunca con la despenalización del aborto. La medida tiene que ir acompañada de muchas otras como educación sexual, acceso a anticonceptivos, una política pública en materia sexual y reproductiva, entrenamiento a los médicos para que no interpreten mal el tema de la objeción de conciencia, campañas de información… todo esto evita embarazos no deseados y, por tanto, evita los abortos.
Ahora, si queremos evitar que el aborto sea clandestino la solución es no criminalizar a la mujer, no ponerla en una situación en la cual si tiene un aborto, puede enfrentar la cárcel. Debemos evitar que el aborto sea clandestino y, para ello, la vía es legalizarlo. Aquello lograría que las mujeres recuperen la confianza de acudir al sistema de salud si tuvieron un aborto para hacerlo en las mejores condiciones de seguridad.

Los contrarios al aborto hablan de otros métodos como la adopción
Estos días, la discusión llega a ese punto: si la mujer es violada que tenga a su hijo y entregue al niño en adopción. Esa sola idea refuerza el estereotipo de la mujer vista únicamente como un aparato reproductivo; como si ese embarazo, producto de una agresión sexual, no fuera a tener un efecto perjudicial en la salud física y mental de la mujer y además en su proyecto de vida.
Las mujeres debemos tener la capacidad de decisión y es necesario que la legislación nos reconozca así: como ciudadanas con autonomía plena para decidir. Hoy en día la maternidad es una opción solo para algunas mujeres, no para todas. Eso debe cambiar.
Hay otro mito que ronda el despenalizar el aborto por violación: el supuesto abuso de las mujeres para anteponer esa causa y poder practicarse un aborto. Las mujeres no nos tomamos a la ligera un tema como la violación sexual, así que es falso que de aprobarse este cambio, vaya a convertirse en una justificación.
Las mujeres somos responsables de nuestras decisiones pero el embarazo producto de una violación no es una decisión de la mujer y ella tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo sin que se la empuje a ir a la cárcel si decide no llevar ese embarazo a término.
Además, lo que la estadística nos dice que es mucho más perjudicial para la salud de la mujer el embarazo en sí mismo que un aborto, si este último es llevado a cabo en un sistema de salud seguro y legal. El no correr riesgos en el embarazo y en el parto es una decisión de la mujer que debe respetarse, más si los embarazos son producto de una agresión sexual.

Desde la perspectiva del derecho internacional hay legislación y recomendaciones con respecto a este tema. ¿Qué peso puede tener una recomendación frente a la Constitución?
Nuestra Constitución menciona de manera sistemática a los tratados y a los instrumentos internacionales de derechos humanos. Según nuestra Corte Constitucional, esos tratados y esos instrumentos se entienden como incorporados a un bloque constitucional. La Constitución del Ecuador no está compuesta únicamente por los artículos que se puede leer expresamente, sino que tiene incorporados al bloque constitucional los tratados internacionales. Además, tienen una jerarquía privilegiada: cuando sus normas son más favorables para el ser humano que las de la Constitución, esos tratados e instrumentos internacionales son aplicables directamente en Ecuador incluso por sobre la Constitución.
Estos tratados son los que protegen todos los derechos de los que solemos olvidarnos: los derechos de las mujeres a la integridad, a la vida, a la salud sexual y reproductiva, a su autonomía, a tomar sus propias decisiones sin interferencia del Estado, todos esos derechos tienen que balancearse y armonizarse con el derecho del embrión en sus distintas etapas gestacionales. Además, en ningún momento la Constitución dice que debe haber una norma penal que encarcele a las mujeres que abortan.

Usted calificó al derecho penal como el más cruel para tratar estos casos. ¿Por qué?
La norma en el Código Penal no ha impedido los abortos. Lo único que ha conseguido es que los abortos sean clandestinos, inseguros y que produzcan no solo la muerte del no nacido sino incluso de la mujer. El derecho penal ha sido ineficaz para reducir los abortos y pese a la criminalización los abortos continúan.

¿Cuál debiera ser el siguiente paso de este debate?
Ojalá llegue al Pleno y no solo se quede en la Comisión de Justicia y, eventualmente, el debate siga avanzando hasta que se logre la despenalización total del aborto. Hablar sobre estos temas tiene un costo político, no es fácil, pero los asambleístas están ahí también para evitar que las mujeres sigan muriendo y eso se debe de discutir. Ojalá no pase como el COIP que se aprobó libro por libro, en una jornada casi exenta de debate.

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