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Estabilidad macroeconómica sí, pero fundamental es la seguridad jurídica


Wilson Araque
Universidad Andina Simón Bolívar
martes, noviembre 6, 2018
El promedio de ingresos por la vía de la inversión directa extranjera (IDE) -entre 2010 y 2016, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)- fue: Ecuador (706 millones de dólares), Colombia (13.402 millones de dólares), Perú (8.137 millones de dólares) y Chile (21.269 millones de dólares)

Esa es la frase pronunciada -hace pocos días y que decidimos intitular a este artículo- por un analista y operador latinoamericano de la Bolsa de Valores de New York. Muy alineada a esta expresión está, también, el mensaje dado en un programa de televisión internacional -especializado en finanzas corporativas- cuando se señaló: “los inversionistas, antes de enviar a los economistas expertos en evaluación de la factibilidad financiera de la inversión, lo primero que hacen es enviar a grupos de abogados conocedores del funcionamiento estable y transparente de las leyes, procedimientos y tramitología a la que se enfrentarán a la hora de invertir recursos en un determinado país”.

Es decir, como se ve, el marco institucional vigente en cierto territorio es clave al momento de acelerar el grado de atractividad de la inversión de una nación; de ahí, en el caso ecuatoriano -en la coyuntura actual-, lo que haga o deje de hacer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) es vital a la hora de sentar las bases sólidas, por un lado, para una buena elección de varios de los árbitros encargados de poner en acción a la Constitución, las leyes y reglamentos vigentes en el país -Defensor del Pueblo, Defensor Público, Fiscal General del Estado, Contralor General del Estado, miembros del Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral; Procurador General del Estado, Superintendentes- y, por otro, para fomentar la participación ciudadana y, sobre todo, el control social encargado de velar porque se generen antídotos que contrarresten la vigencia de esa enfermedad social llamada corrupción presente en la actuación de ciertos malos funcionarios públicos y/o privados.

Otro elemento que incide, también, en la percepción de seguridad jurídica de los potenciales inversionistas, es el relacionado con el funcionamiento del sistema de justicia nacional; pues, de este se espera que, como expresión de su buen funcionamiento, la justicia sea, efectivamente, ciega y equitativa -tal como se la expresa en su imagen simbólica-; es decir, los jueces, al momento de resolver los diferentes casos que están bajo su responsabilidad, deben actuar sin favoritismos políticos, sociales y/o económicos; emitiendo, así, un mensaje de que las personas o empresas que conviven en un país -a la hora de usar sus servicios- saben que tienen a su disposición un conjunto de operadores justos y transparentes, cuyas decisiones están sustentadas en lo que dice el marco legal vigente en el instante de su actuación. De ahí que, como le comentaba a un periodista de un canal de televisión nacional -al momento que se me hacía una entrevista-, para atraer inversión -sobre todo extranjera- hechos como del GRILLETAZO ELECTRÓNICO -considerada la fuga del año- puede ser que para la mayoría de ciudadanos ecuatorianos pasen desapercibidos; pero, en cambio, hacia afuera del país es una mala señal indicativa que el marco institucional del Ecuador es débil e inseguro, en donde, producto de las presiones políticas y/o económicas, muchas veces, ocurren hechos que en otras realidades son inconcebibles de que se presenten.

Ante esta realidad nacional, varias ocasiones, de forma metafórica, se dice que los inversionistas están a punto de aterrizar en el aeropuerto de Tababela de Quito y, más bien, al ver nubarrones en el entorno en donde piensan invertir, deciden cambiar de destino y aterrizan en aeropuertos de países vecinos que sí se han preocupado de crear condiciones más seguras para la inversión que se está atrayendo. Las cifras lo demuestran, el promedio de ingresos por la vía de la inversión directa extranjera (IDE) -entre 2010 y 2016, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)- fue: Ecuador (706 millones de dólares), Colombia (13.402 millones de dólares), Perú (8.137 millones de dólares) y Chile (21.269 millones de dólares); las diferencias son más que evidentes y que llevan a la pregunta: ¿qué están haciendo bien -esos países- para alcanzar los registros estadísticos -señalados- sobre los flujos de IDE?; siendo, una de las repuestas clave su preocupación por la permanencia y cumplimiento seguro de las normas vigentes y, también, de la facilitación “responsable” de la tramitología burocrática establecida por las entidades del sector público local y/o nacional competente.

Finalmente, el otro ámbito a mejorar para atraer a aquella inversión productiva que, realmente, contribuya a generar fuentes de trabajo y a dinamizar a las empresas nacionales -de todo tamaño, con énfasis en las micro, pequeña y medianas empresas (MIPYME) y los actores de las Economía Popular y Solidaria (EPS)- que participan en los diferentes eslabones que integran las cadenas de producción y/o comercialización objeto del ingreso de recursos frescos provenientes de nuevas inversiones extranjeras y/o de nacionales que repatrian sus capitales; es la competitividad sustentada en el mejoramiento de los niveles de calidad, productividad e innovación del tejido productivo ecuatoriano; para ello, aspectos como la transformación digital del país -por citar un ejemplo- es uno de los desafíos clave que, para su cumplimiento, requiere de la intervención -pública y privada- en tres ámbitos -reflexiones del último FOROMIC 2018, realizado en Barranquilla por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)-: excelencia en la conectividad, excelencia en la velocidad del internet y efectividad en el proceso de alfabetización tecnológica de su población; caso contrario sin esa triada -que es lo que ahora prevalece, lamentablemente, en Ecuador- todo esfuerzo para transformar al país hacia lo digital será inútil.

Como, se puede observar, los desafíos están a la vista; los cuales para que se vuelvan factores de incidencia positiva para el país requieren del trabajo conjunto -desde cada trinchera laboral- de todas las ecuatorianas y todos los ecuatorianos; ya que un ¡ECUADOR MEJOR ES TOTALMENTE FACTIBLE ALCANZARLO!, pues, no olvidemos, la mayoría somos BUENA GENTE

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