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Las complejidades políticas de las elecciones seccionales en Ecuador


Julieta Herrería Barba
Universidad Casa Grande
domingo, febrero 3, 2019
Debe preocupar que el Estado ecuatoriano considere a la Función Electoral como un poder más

Las elecciones seccionales se acercan y la masiva participación se evidencia: se han inscrito más de 80 mil candidatos, una de las cifras más altas en un proceso electoral en los últimos 40 años.

Al parecer, el cambio de gobierno ha causado algún tipo de impresión positiva en la ciudadanía: hay más ciudadanos interesados en vincularse a la vida política.

También puede ser una respuesta a la situación que se vivió durante los 10 años de correísmo: quienes acapararon las trincheras políticas eran los que formaban parte de Alianza País (AP). Uno de los objetivos principales de la democracia es promover una participación diversa donde se trabaje en diferentes aristas y el movimiento en mención manejó el panorama electoral como un monopolio. Así que el fenómeno en un primer plano es positivo: mientras más participación más democracia.

Sin embargo, no se puede dejar de lado la importancia de la meritocracia: ¿cuáles son las cualidades del candidato? ¿ha construido un perfil político? ¿qué puede ofrecer en beneficio de la colectividad desde el puesto de elección popular al que postula? ¿qué experiencia tiene? ¿es una persona honesta o simplemente un oportunista que dada la coyuntura ha decidido participar? Hay que analizar estos interrogantes con pinzas para poder identificar a los candidatos que valen y los que solo están por ocupar un puesto.

Las elecciones se rigen por un marco normativo llamado Código de la Democracia. Debe llamarnos la atención que desde hace 10 años tenemos las mismas reglas de juego. Lo único que cambió para estas elecciones seccionales fue el monto asignado a los partidos y movimientos políticos para gastos de campaña y promoción. La asignación de recursos ha aumentado en un 5,6%.

Aunque AP ha perdido fuerza y militantes por los múltiples escándalos de corrupción, el Fondo Partidario Permanente (FPP) depende de los resultados de las elecciones anteriores, así que, pese a los cambios en el oficialismo, el movimiento sigue teniendo una ventaja en relación a los otros partidos porque su asignación para campaña será alta. La única forma de cambiar las asignaciones estatales a los partidos y movimientos es a través de reformas al Código de la Democracia.

Si bien la cancha electoral está menos inclinada porque tenemos un espectro más amplio y las candidaturas están más repartidas entre otros movimientos, ese mismo hecho puede partir la votación. Es decir, se puede disolver el voto y los ganadores no tendrán la suficiente legitimidad o apoyo popular para ejercer su cargo; sin embargo, ese es uno de los desafíos de la democracia.

Nosotros no tenemos un sistema de meritocracia bien definido. La única solución para eso es redoblar esfuerzos para ejecutar procesos de democracia interna de tal forma que en los partidos y movimientos se realicen procesos de selección anticipadas, al estilo de elecciones primarias.

No obstante, para las elecciones seccionales de 2019 ya es tarde. Estamos abocados a un proceso plagado de candidatos, muchos desconocidos. Para pasar de la crítica a la acción hay que reformar las obligaciones que tiene el CNE con los ciudadanos al igual que con los partidos políticos. Esa es la institución llamada a velar porque los partidos y movimientos cumplan sus obligaciones: el Código de la Democracia no debe considerarse un documento para decorar un escritorio. Entonces, la primera obligación de esa entidad es hacer cumplir la ley, cuyos articulados vigentes contienen lineamientos que hablan de la importancia del debate y de la selección de candidatos preparados.

Y eso nos lleva a otro análisis: debe preocupar que el Estado ecuatoriano considere a la Función Electoral como un poder más. Estamos equiparando una entidad que tiene una función específica, temporal y con un amplio presupuesto con otra como la Judicial o el mismo Ejecutivo cuyos grados de complejidad son enormes y tienen actividad todo el año.

Por otra parte, tenemos el Instituto de la Democracia cuyo presupuesto bordea el millón de dólares y cuyos recursos se invierten en actividades electorales, cuando esa cifra bien podría asignarse a temas más urgentes como educación o salud.

Es el momento de reevaluar el rango de actuación que tiene el Consejo Nacional Electoral. Por ejemplo, en España, previo a la época electoral, se aprueba un presupuesto específico para el tema logístico de las elecciones, pero no existe como tal una institución llamada Consejo Electoral. Creo que debiéramos aprender a tener estas visiones como los países de la UE que tienen un sistema electoral con obligaciones específicas y donde los presupuestos se han sabido invertir de manera más eficiente.

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