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El autor del Decreto 813 se rasga las vestiduras


Juan Tibanlombo
La Conversación EC
miércoles, marzo 13, 2019
El Decreto fue objeto de una demanda de inconstitucionalidad y Mera, lógicamente acudió a la Corte Constitucional donde comparó las renuncias obligatorias con el despido intempestivo al que se acoge el sector privado para terminar una relación laboral

El domingo 28 de octubre de 2018, al cumplirse siete años de la aplicación del Decreto 813 firmado por el expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, decenas de personas recordaron en Loja cómo fueron desvinculadas 106 de sus cargos en la Gobernación de esa provincia, según Piedad Guerrero Vivanco.

La gobernadora de ese entonces (2011), Alicia Jaramillo, les anunció su despido únicamente con el Decreto 813 en la mano, emitido por el ahora expresidente Correa. “Lo más complejo fue cuando nos sacaron con Policía Nacional, representantes del Ministerio de Trabajo y nos dejaron con la prohibición de laborar en el sector público”, dijo.

En los últimos días, movidos por el mismo Correa, las redes sociales se han llenado de lamentaciones por las desvinculaciones en el sector público realizadas por el gobierno de Lenín Moreno porque para las finanzas del Estado ya era insostenible el aparato burocrático que montó el correísmo hasta en edificios alquilados por todas partes, por los que el Estado pagaba mes a mes miles y miles de dólares.

No hubo una Secretaría que no se haya inventado, por más disparatada o extravagante que pudiera parecer, hasta la de la felicidad. No es de extrañar entonces que ni los ingresos petroleros con precios por barril por más de 100 dólares alcanzaran, por lo que debió coquetear con China y el FMI para obtener créditos con altas tasas de interés.

En ese entonces no había crisis económica. Se despidió a gente porque no estaba de acuerdo con la visión de país del gobernante de turno que se creía el presidente de todas las funciones del Estado. “No podemos ser irresponsables. Hay servidores públicos que no están de acuerdo con el cambio, la nueva visión del país”, dijo en ese entonces el ahora expresidente Correa para justificar la separación de funcionarios públicos.

El Decreto 813 fue firmado el 7 de julio de 2011. Siete años, ocho meses y cinco días después, el 12 de marzo de 2019, ya sin el poder de todas las funciones del Estado, el expresidente Correa denunciaba en su cuenta de Twitter: “El día de ayer desvincularon a 80 funcionarios de carrera del ministerio de Finanzas, con la figura de compra de renuncia. Están desmantelando el talento humano del Estado. Esto traerá muy serias consecuencias al país”. Sin explicar que esa figura fue un invento suyo y de su secretario Jurídico, Alexis Mera.

Fue su gobierno, con su firma, el que reformó la Ley Orgánica de Servicio Público para abrir las puertas al despido intempestivo de miles de servidores públicos, con esa llamada renuncia obligatoria, de la que ahora habla como si no la conociera. Su ministro de Trabajo, Richard Espinosa, consideró al Decreto como un paso esencial para la reestructuración rápida del Estado; su biosocialista, René Ramírez, justificó el Decreto con la búsqueda del recambio generacional.

El Decreto fue objeto de una demanda de inconstitucionalidad y Mera, lógicamente acudió a la Corte Constitucional donde comparó las renuncias obligatorias con el despido intempestivo al que se acoge el sector privado para terminar una relación laboral.

Mera preguntó por qué el despido intempestivo, una figura que existe desde 1937, es inconveniente para el sector público si en el privado es aceptado y que a nadie se le ha ocurrido interponer una demanda de inconstitucionalidad. Y Espinoza expuso que en Ecuador no existía la inamovilidad humana y por ello la ley regula el ingreso, ascenso, promoción, incentivo, régimen disciplinario y la estabilidad, “por tanto, no dice que habrá inamovilidad humana”.

“Nadie debe pensar en perennizarse o inmortalizarse en el cargo que desempeña y es por esto que la estabilidad se ve compensada cuando una persona que ha sido desvinculada, ha sido correctamente indemnizada”, dijo Espinoza y aseguró que nadie les ha quitado el derecho al trabajo a los servidores públicos, porque se les está compensando por la desvinculación y que bien pueden seguir trabajando en otro sector.

Son los que quieren volver al poder cambiando de discurso como si se cambiaran de camisa, con un discurso antiFMI o antieliminación de subsidios, por ejemplo, cuando fueron los que anunciaron el fin del subsidio al gas y creían que era antitécnico el subsidio a la gasolina súper, por ejemplo. Pero, claro, eso era cuando controlaban todas las funciones del Estado.

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